DS(P) nº 27/5 del 22/9/2000

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoras, señores Procuradores, buenos días. Se abre la sesión.

Sesión con la que iniciamos un nuevo periodo parlamentario en este segundo año de la V Legislatura en que nos encontramos, que espero y deseo sea fecundo y beneficioso para todos.

Pero, una vez más, lamentablemente, tenemos que hacerlo manifestando nuestra preocupación por la escalada de violencia terrorista de los últimos meses, y que ayer mismo se cobró su última víctima en el Concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Adrián de Besós, José Luis Ruiz Casado, cuyo único delito era servir, como servimos nosotros, a nuestros ciudadanos.

Hace tan sólo unos meses que el edil asesinado escribía un artículo en el que pedía un esfuerzo contra la intolerancia. Y esa intolerancia es la que ha acabado con su vida.

Por todo ello, y al tiempo de condenar éste y cualquier otro atentado, solidarizándonos con sus familias, quisiera hacer un llamamiento a vosotros, los Procuradores, como legítimos representantes del pueblo castellano y leonés y posibles víctimas de la banda terrorista, para que, al margen de intereses partidistas, nos mantengamos firmes y unidos frente al terrorismo, en búsqueda de la paz, apoyando las medidas de política antiterrorista del Gobierno y las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en esa lucha contra los que por la fuerza de la barbarie y sinrazón pretenden coartar nuestra libertad poniendo en peligro las instituciones a quienes... y a quienes democráticamente hemos sido elegidos por la sociedad para defender los principios básicos de un Estado de Derecho, la unidad nacional, desde la solidaridad, en libertad, en justicia y en pluralismo político; principios éstos proclamados constitucionalmente y que testimonialmente reivindicamos ahora con un minuto de silencio, que les invito a guardar.

(El Pleno guarda un minuto de silencio.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Por el señor Secretario se dará lectura al primer y único punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Primer punto del Orden del Día: "Informe anual del Procurador del Común de Castilla y León, correspondiente a la gestión realizada durante el año mil novecientos noventa y nueve".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Tiene la palabra el Excelentísimo señor García Álvarez, Procurador del Común de Castilla y León, para presentar su Informe ante la Cámara.

EL SEÑOR PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ):

Excelentísimo señor Presidente de la Junta de Castilla y León, Excelentísimo señor Presidente de las Cortes, Señorías. Ante todo, mi agradecimiento a estas Cortes que me han hecho el gran honor de renovar su confianza, de tal modo que pueda continuar mi labor en este segundo mandato. Haré todo lo posible por no defraudarles y seguir mereciendo su apoyo; es decir, que seguiré velando por que se observen escrupulosamente los principios de independencia, autonomía y objetividad que proclama la Ley.

Ello, por lo demás, y a la vista de la experiencia de los cinco años transcurridos, estoy seguro de que no va a ofrecer dificultades en esta Comunidad Autónoma: tal ha sido la actitud de respeto hacia la Institución que se ha observado por parte de todos, tanto en mis actuaciones supervisando a la Administración como en la selección de mis colaboradores. Si ha habido errores, yo seré el único responsable.

En cuanto a mí, permítanme manifestarles sin petulancia, como dije al tomar posesión hace cinco años, que ahora, como entonces, me he mantenido al margen del proceso de reelección. Me he limitado, como Sus Señorías saben, a manifestar, cuando se me ha preguntado por ello, mi disposición a seguir en el cargo y a seguir con ilusión.

Es importante, pues, tener siempre presente este principio de la independencia institucional, sin gravámenes ni débitos. De otra manera, se correría el peligro de hipotecar el futuro de una institución cuyos contornos aún no están del todo perfilados.

Efectivamente, los contornos de la institución del Procurador del Común todavía no están claramente delimitados, ni siquiera en lo que atañe a la naturaleza de sus relaciones con las Cortes.

Como es sabido, los autores no se ponen de acuerdo a la hora de decidir el carácter más o menos parlamentario que pueda tener un Defensor del Pueblo, aunque, por mi parte, como saben Sus Señorías, pongo mi empeño y subrayo siempre el carácter que tengo de Comisionado de esta Cámara. Y lo hago porque creo que ninguna otra institución puede legitimar y prestigiar al Procurador del Común más que ésta, constituida por los representantes del pueblo. De ahí, pues, que yo, a la hora de defender en mis informes o en otras intervenciones, insista en mi dependencia orgánica -que no funcional- de estas Cortes.

Junto a esa indeterminación, que yo diría que es inherente a este tipo de instituciones, hay otras que conciernen en particular a la del Procurador del Común, a las que me he referido en otros momentos y las que... sobre las que no voy a insistir ahora. Me remito a las sugerencias que hice llegar a este Parlamento en el sentido de pedir que se considerara la conveniencia de modificar determinados aspectos de la Ley.

Además, otras imprecisiones en los perfiles de la Institución, habrán de ir siendo corregidas por ella misma en su quehacer diario, explorando, por ejemplo, las posibilidades que pudiera contener la normativa vigente, al desarrollar funciones no previstas de manera explícita como tales, como pueden ser: la de mediación; la función de sugerir modificaciones en el ordenamiento; y otras que podíamos denominar "de información", tanto de cara a los poderes públicos como al común.

Claro que la más importante tarea del Procurador seguirá siendo la defensa de los derechos de la persona, supervisando la actuación de las Administraciones, tarea consagrada ya en nuestro Estatuto, junto con las de defensa del propio Estatuto y del ordenamiento jurídico -que, por cierto, creo que se verían alterados por la entrada en funcionamiento próximamente de un Consejo Consultivo-, y cuyos objetivos, iniciados a instancia de parte o de oficio, serán alcanzados, sobre todo, en la medida en que las fuerzas políticas insten a sus representantes, titulares de las distintas Administraciones, a cooperar con la institución del Procurador del Común.

Me temo que sin esa firme disposición por parte de los partidos, es decir, por parte de quienes no sólo expresan el pluralismo político, sino que también concurren a la formación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política, sin esa firme disposición a que las Administraciones colaboren cuando se les requiera, la Institución de la que soy titular no podrá alcanzar de manera satisfactoria los objetos propuestos, aun con la reforma de la Ley.

Por lo demás, cabe decir, que independientemente de la resolución de los asuntos concretos, espero que se pueda ir hablando de una especie de "dimensión sistémica" de nuestras resoluciones, en la medida en que, salvadas las distancias, como se ha dicho respecto de la labor del Tribunal Constitucional con los Recursos de Amparo, el Procurador del Común con el tiempo pueda ir sentando criterios que irán siendo tenidos en cuenta por las Administraciones, superándose con ello la estricta dimensión individual de cada expediente.

En cuanto a mis proyectos de actuación para este segundo mandato, por supuesto que tengo intención de seguir luchando en defensa de los colectivos más desatendidos. Aprovecho para decir que espero seguir haciéndome acreedor a los premios de ámbito nacional que se me otorgaron en el Hospital de Parapléjicos de Toledo y por la Fundación INTRAS o por la FECLEM castellano-leonesa, en reconocimiento de la defensa de los derechos de los enfermos mentales.

Creo que, a no tardar, estaré en condiciones de informar a Sus Señorías, no bien haya completado mi equipo de colaboradores más directos, sobre otras posibles actuaciones de oficio.

Por cierto que, al hablar de mis más directos colaboradores, no quiero dejar pasar la ocasión de manifestar el reconocimiento, por su labor, a los titulares de la Secretaría General y de la Jefatura de Asesores. En especial, mi agradecimiento al Secretario General, Fernando Santamaría Martínez, que viene prestando su colaboración desde que tomara posesión en mil novecientos noventa y cinco. También deseo expresar mi satisfacción, en líneas generales, con el resto de las personas que trabajan en la Institución, personal eventual y funcionarios de estas Cortes.

En otro orden de cosas, tengo intención de incrementar mi presencia en la Comunidad -en realidad ya he comenzado a hacerlo-, sobre todo recibiendo personalmente a los ciudadanos que lo deseen, también en municipios que no son capitales de provincia y aunque no sea con carácter periódico. Las experiencias de Ponferrada y de Miranda parecen animar a ello.

De ahí, pues, esa decisión de incrementar mi presencia en una Comunidad Autónoma que, entre otras cosas, se caracteriza por su extensión y dispersión. Y de ahí también mi deseo de acercarme al medio rural.

Sigo sin estar convencido, sin embargo, de la necesidad de abrir delegaciones fijas, por más que algunos de ustedes -dicho sea con todos los respetos- me haya manifestado su opinión en sentido favorable. Estas Cortes me instaron, ya en el comienzo de mi actuación, a ser prudente en el gasto. Pretendo seguir ateniéndome a sus indicaciones, y no sólo por el prurito de poder decir -no niego que con cierto orgullo- que he presentado siempre el proyecto de presupuesto más bajo de cuantos han sido aprobados en España para instituciones análogas. Pero es que, realmente, hasta ahora, no creo que haya hecho falta más. En caso contrario, se lo haré saber. A este respecto, quizá convenga ir teniendo presente, Señorías, que la Sede en la que estoy instalado tiene unas dimensiones muy concretas, y ya sin posibilidades de expansión.

En otro orden de cosas, es mi intención la de seguir cooperando con otras instituciones semejantes, tanto en reuniones nacionales como en aquellas de carácter internacional o europeo que puedan ser útiles para la Institución.

De ahí, por ejemplo, mi participación en las XIV Jornadas de Coordinación entre Defensores del Pueblo, celebradas en Zaragoza, o mi intervención en Moscú con dos ponencias, teniendo el honor de cerrar el acto en nombre del Consejo de Europa, en junio del pasado año.

Quisiera poner de relieve la colaboración que siempre, antes y ahora, he encontrado en la Administración Estatal y en la Administración de Justicia, dos Administraciones que no están obligadas por ley a colaborar con el Procurador. Quisiera pensar que tanto la Delegación del Gobierno como el Tribunal Superior y su Fiscalía han encontrado en mí, en todo momento, la misma actitud de colaboración.

Sería injusto si no mencionara también el apoyo que, generalmente, he encontrado en los medios de comunicación de esta Comunidad Autónoma, y no sólo por sus apreciaciones en tono laudatorio, sino también por sus críticas, por lo general comedidas y no pocas veces certeras. Ellos siempre ayudan, además, en la importante tarea de difundir la Institución.

De acuerdo con el precepto de la Ley que dice que el Procurador actúa no sólo a instancia de parte, sino también tomando él mismo la iniciativa, y siguiendo las sugerencias hechas en años anteriores por Sus Señorías, he abierto de oficio el pasado año ochenta y un expedientes, algunos de los cuales paso a resumir.

Como saben Sus Señorías, cabe hablar, por un lado, de actuaciones de oficio que no pueden agotarse en una sola intervención, y de otras más breves susceptibles de ser abordadas, en principio, en periodos de tiempo relativamente cortos. Me referiré antes a las primeras:

Personas discapacitadas. Las actuaciones de oficio en esta subárea, que tiene como contenido las necesidades de las personas discapacitadas en nuestra Comunidad, ha estado determinada por la promulgación de nuestra Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras, y la situación de transitoriedad producida por la falta de desarrollo reglamentario y el grado de cumplimiento de aquélla. La Ley dice que "en un plazo no superior a un año, desde su entrada en vigor, la Junta dictará los reglamentos y demás disposiciones precisas para su desarrollo". Como es evidente, este plazo ha transcurrido sobradamente y no se han publicado los reglamentos previstos, Señorías, ni siquiera se ha constituido la Comisión Asesora, también prevista.

Sin embargo, como Procurador del Común no he dejado de recordar a la Administración la posibilidad de que, en aplicación de la Ley, en tanto no existan normas que la desarrollen, se tenga en cuenta la normativa estatal como Derecho supletorio para, al menos, no seguir creando barreras.

Efectivamente, de las respuestas de las Administraciones se desprende el criterio sobre, al parecer, la imposibilidad de aplicación de dicha Ley, en tanto no se cuente con el correspondiente reglamento y demás normas de desarrollo de la misma. En este sentido, deseo poner de relieve que, si bien es necesario contar con un reglamento ejecutivo de la ley autonómica, mediante el cual se precise debidamente todo el camino de desarrollo que pueda exigir la situación contemplada en la misma, ello no es obstáculo para que debamos hacer hincapié en la necesidad de cumplir ya como principio general los criterios también generales de la Ley para la Accesibilidad.

La LISMI estatal establece que se denegarán los visados oficiales, se denegarán los visados oficiales correspondientes a aquellos que no cumplan las normas técnicas básicas sobre edificación que permitan la accesibilidad de las personas minusválidas.

Lo anterior quiere decir que la LASB no regula una situación ex novo, sino que la obligación nació ya de una ley estatal hace nada menos que veinte años. Lo cual, unido al hecho de que la eliminación de las barreras, y la accesibilidad como concepto dimensional, se encuentra suficientemente desarrollado a nivel teórico y técnico, es suficiente para que no sea imprescindible -como se pretende por Administraciones y particulares interesados- la existencia de reglas técnicas específicas, máxime cuando se trata de estructuras tan simplificadas, Señorías, como es la existencia o no de un escalón en el acceso de la vía de la vía pública.

Igual que a nadie se le ocurre poner escalones a la entrada de un garaje, dejémonos ya de colocar obstáculos a las personas y, a la postre, de ofenderles en su dignidad.

Seguridad vial en vías urbanas y travesías. Se continuó la tarea emprendida en torno a los problemas de seguridad vial que genera la circulación de vehículos y el consiguiente peligro -que es lo que me lleva a intervenir- para el derecho fundamental a la vida y a la integridad física.

A lo largo de ejercicios anteriores, esta Institución ha realizado un seguimiento de los servicios de vigilancia del tráfico que los Agentes de Policía Local realizaban de las infracciones más comunes, por ejemplo, cometidas por usuarios de bicicletas y ciclomotores (circulación por zonas o direcciones prohibidas o aceras, no utilización de señales luminosas, hacer caso omiso de los semáforos). Infracciones que van aumentando el número de manera alarmante, con grave peligro para los peatones, sobre todo para niños y ancianos, y para los propios usuarios de bicis o ciclomotores.

La conclusión obtenida fue que, en la inmensa mayoría de los casos, las infracciones no se denuncian. Por lo que se recordó a los Ayuntamientos de población superior a cinco mil habitantes, obligados legalmente a contar con Cuerpo de Policía Local propio, la obligatoriedad de ejercer sus competencias; es decir, la vigilancia, por medio de agentes propios, de las vías de su titularidad y el ejercicio de la potestad sancionadora.

De lo contrario, se corre el peligro de que llegue el momento a partir del cual sea muy difícil poner coto a tales conductas, tal y como sucede con otros malos ejemplos de pasividad administrativa local.

La experiencia diaria muestra que, con lamentable frecuencia, los menores de doce años viajan sin utilizar ningún elemento de retención, hecho que puede tener consecuencias fatales o graves para su seguridad; lo cual, además, prohíbe la normativa vigente. Ello llevó al Procurador del Común a dirigirse, en defensa de los derechos del menor, a los Alcaldes de Ayuntamientos capitales de provincia y a las Jefaturas Provinciales de Tráfico para recomendar un incremento de la vigilancia policial en relación con estas conductas, denunciando las mismas en caso de que proceda.

Lamentablemente, de los Ayuntamientos -no sucedió así con las Jefaturas Provinciales-, sólo el de Valladolid expresó su postura favorable a esta recomendación en defensa -como decía- de los derechos del menor, de los que tanto se habla, a veces en abstracto.

Evaluación de aptitudes psicofísicas de los conductores. Me dirigí a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social para exponer un problema planteado en torno a los reconocimientos ordenados por las Jefaturas Provinciales de Tráfico para evaluar las aptitudes psicofísicas de los solicitantes y titulares de los permisos y licencias para conducir vehículos de motor.

El Reglamento General de Conductores recoge una serie de supuestos en los que se prevé que las Jefaturas soliciten un informe a los servicios sanitarios de la correspondiente Comunidad Autónoma; informe dirigido a comprobar las actitudes psicofísicas para conducir de alguno de los aspirantes o titulares de la licencia. Y es que algún tipo de enfermos debe ser especialmente tenido en cuenta.

El nivel de competencias asumido en materia de sanidad es desigual, dependiendo de la Comunidad Autónoma de que se trate. Y posiblemente en el ámbito de la nuestra, el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para evaluar las condiciones físicas y psíquicas de los conductores no permitan en la actualidad la realización de las pruebas con carácter general.

Como consecuencia de ello, puede ocurrir que las Jefaturas Provinciales de Tráfico se vean privadas de la posibilidad de acudir a los servicios sanitarios designados en las normas de circulación y, por tanto, de la posibilidad de comprobar que no existe enfermedad o deficiencia que suponga una incapacidad para conducir.

Por ello, recomendé a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social la celebración de un convenio con el Instituto Nacional de la Salud, con el fin de que los servicios sanitarios dependientes del mismo emitan el informe que, a efectos de evaluación de las actitudes psicofísicas para conducir, puedan requerir las Jefaturas Provinciales.

Designación de los miembros de la Comisión de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial en Castilla y León. La composición de las Comisiones de Tráfico y Seguridad permite que en cada una de ellas puedan designarse hasta doce representantes de la Comunidad Autónoma. En la configuración de la Comisión de Castilla y León existen, sin embargo, ocho vocales designados por la Comunidad, nombrados por el Delegado del Gobierno.

El hecho de que el número de vocales no alcance el límite máximo permitido, unido a la detección de algunas ausencias, que resultan -a mi juicio- incomprensibles, podría considerarse indicativo de una representación insuficiente de la Administración Autonómica en la Comisión.

Parece que la presencia de un representante autonómico del área específica de educación, y también de industria, tratándose de campos tan directamente vinculados al tráfico como son la educación vial, de la que tanto se habla, y las competencias en materia de Inspección Técnica de Vehículos incrementarían la participación de la esfera autonómica y la cooperación administrativa en el seno de la Comisión.

Por otro lado, la designación de los representantes se hace nominativamente, cuando parece más adecuada la alusión al cargo, con independencia de la persona que ostenta el mismo.

Por lo expuesto, se sugirió la revisión de la designación de los vocales de la citada Comisión, con el fin de actualizar la relación de los designados e incluir dos representantes autonómicos de las materias específicas de educación y de industria.

Integración social de la comunidad gitana. La actuación iniciada de oficio en torno a los problemas de integración de la comunidad gitana me ha permitido comprobar que la actuación de las Administraciones casi siempre se traduce en la concesión de prestaciones de tipo económico. Esta reflexión no pretende ser una crítica negativa, pues creo que resulta evidente que la pobreza es la principal causa de marginación.

Cualquier medida de apoyo debe basarse en la equiparación de un colectivo de personas que se encuentran en una posición muy inferior al resto de la población, comenzando, pues, por favorecerlas económicamente para que puedan cubrir unas necesidades mínimas.

Pero un aspecto que no debe descuidarse es el reflejo que tales actuaciones tienen en la opinión pública. No olvidemos que cualquier medida de apoyo a ese colectivo va a ser considerada como un privilegio por otras personas. La consecuencia inmediata será la de lograr un efecto contrario al pretendido, pues una medida pensada para lograr la integración puede volverse contra sus destinatarios, de modo que cada vez sean vistos con mayor recelo por el resto de la sociedad.

He considerado de la mayor importancia en el ámbito de esta actuación los contactos con las personas de etnia gitana y no gitana, que siempre exponen con sencillez sus inquietudes y puntos de vista, que -debo decir- no son, a veces, fácilmente reconciliables con las normas jurídicas.

El próximo lunes, por cierto, celebraré otra reunión aquí con representantes de las asociaciones gitanas de las diversas provincias de la Comunidad Autónoma. Ello me obliga a insistir en que la etnia no debe servir como excusa para eludir obligaciones ni deben las Administraciones tolerar comportamientos indebidos, a la vez que observo con preocupación la radicalidad de algunas posturas de ciudadanos no gitanos que dirigen su intolerancia hacia la comunidad gitana.

Como ya se apuntaba en anteriores informes, una función muy importante en apoyo de las poblaciones que viven en condiciones de extrema marginación corresponde a las Corporaciones Locales donde éstas residan. Su posición para dialogar con todos los sectores afectados y la colaboración de la Administración Autonómica puede jugar un importantísimo papel a la hora de mejorar la situación de esta minoría étnica.

Pero la inserción social no se consigue -a mi juicio- cuando las Administraciones toleran el incumplimiento de los deberes por parte de algunos ciudadanos. Además, ello puede predisponer a otros ciudadanos a considerar que los primeros gozan de un estatus privilegiado injustificado.

Es significativo, a este respecto, la reivindicación -quizá poco conocida- que hacen los dirigentes de las asociaciones gitanas en el sentido de que, cuando se producen conflictos entre gitanos y personas de la sociedad mayoritaria, la autoridad debe imponer el respeto a la ley por parte de todos, incluidos los propios gitanos. Es más, como Procurador del Común, estimo que si las Administraciones deciden poner en práctica medidas de lo que se ha dado en llamar "discriminación positiva", las mismas deberían ser explicadas y dadas a la publicidad -y ello a pesar de los riesgos-, con el doble objetivo de evitar fraudes y sentimientos de agravio comparativo en la sociedad mayoritaria.

Contaminación acústica. La llamada contaminación acústica es -como saben Sus Señorías- uno de mis primeros y principales campos de actuación. Como en años anteriores, durante la tramitación de los expedientes de queja presentados por particulares relativos a la contaminación acústica generada por establecimientos públicos, un gran número de municipios de la Comunidad nos comunicó la imposibilidad de poder efectuar las mediciones de nivel de ruidos y vibraciones pertinentes, como consecuencia de la falta de medios técnicos para ello.

A la vista de estos hechos, me dirigí a los Alcaldes de municipios de la Comunidad de más de cinco mil habitantes, a fin de recordarles que la Consejería de Presidencia y Administración Territorial había convocado ayudas dirigidas a los Ayuntamientos para la adquisición de material diverso destinado al equipamiento de la Policía Local.

Se constata, por otro lado, que la mayoría de los expedientes sancionadores iniciados por la Administración tienen su origen en denuncias presentadas por los vecinos. Sobre este particular, hay que recordar que la ley establece la competencia del Ayuntamiento para inspeccionar y controlar estos hechos, bien de oficio, bien a instancia de parte.

Como he dicho en más de una ocasión, en estos supuestos cobra una especial importancia, sin embargo, la inspección de oficio llevada a cabo por la Administración, máxime si tenemos en cuenta las consecuencias que, desgraciadamente, suele tener para los vecinos colindantes la presentación de una denuncia por parte de los denunciados.

Se observa, por otro lado, que, constatado el incumplimiento de los límites máximos autorizados, la Administración únicamente impone sanciones económicas. Cabe señalar que, en estos supuestos, la simple imposición de multas no solventa en modo alguno la insuficiente insonorización del establecimiento, ni, por lo tanto, las molestias para los vecinos colindantes, debiendo la Administración requerir a los titulares de las actividades la ejecución de medidas correctoras.

El carácter y naturaleza de las licencias de apertura y funcionamiento de establecimientos o actividades potencialmente nocivas o peligrosas difiere de aquellas otras que suponen un control de un acto u operación determinada; y ello porque en las primeras la finalidad de la licencia es el control de una actividad llamada a prolongarse indefinidamente en el tiempo, lo que acarrea como consecuencia que la autorización y sus condiciones prolonguen su vigencia tanto como dure la actividad realizada.

Como en años anteriores, al haber constatado una fuerte reticencia de la Administración Autonómica a la hora de intervenir en este tipo de expedientes, en el mes de octubre dirigí recordatorio de deberes legales en ese sentido a todas las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

Actuación de oficio sobre salud mental. El Procurador del Común ha venido incidiendo especialmente desde el inicio de su actividad en la problemática que afecta a los enfermos mentales. Ante las carencias que ofrece el Sistema de Salud, destaca la falta de dispositivos asistenciales destinados a la rehabilitación y resocialización de los enfermos, teniendo en cuenta circunstancias de edad o familiares, entre otras; lo que, además de frenar el desarrollo de la reforma psiquiátrica, impide una atención adecuada al enfermo y el lógico apoyo a sus familias.

Su implantación, entonces, debe tener absoluta prioridad, de manera que constituyan el medio idóneo para la adecuada atención de este colectivo.

Hemos comprobado, a lo largo de los sucesivos ejercicios, los problemas que surgen para la asunción y ejercicio de la tutela de enfermos mentales; en muchos casos porque no existe familia y, en otros, porque la que existe no resulta adecuada para proceder a la asignación de tales funciones tutelares o se niega a asumir tal tutela. Se consideró por ello oportuno sugerir en su día a la Consejería que se estudiara la conveniencia y posibilidad de crear una fundación similar a la existente en alguna otra Comunidad, con el fin, entre otros, de provisión de mecanismos de tutela.

Pues bien, según se ha informado a esta Institución, forma parte de las previsiones de dicha Consejería para el año dos mil impulsar la puesta en marcha de una fundación tutelar para enfermos mentales.

La carencia, en la actualidad, de unos servicios eficaces que den respuesta a las necesidades de asistencia demandadas, coloca en una situación de abandono, entre otros y quizá especialmente, a los enfermos mentales de la Comarca de El Bierzo. Resulta preciso, a juicio de esta Institución, la creación de un centro de día destinado a los mismos. Se solicitó por ello la oportuna información a la Consejería, y se ha podido conocer, finalmente, que es previsión de dicha Administración la puesta en marcha en Ponferrada de tal dispositivo.

Teniendo conocimiento, asimismo, por fin, de la previsión presupuestaria para al año dos mil de una partida de 15.000.000 de pesetas destinada a la creación de un centro de día para enfermos mentales en León, interesaba conocer si para ello se efectuaría concierto con alguna asociación o entidad de carácter privado. Solicitada la pertinente información, se constató que se están llevando a cabo las gestiones para la puesta en funcionamiento de dicha estructura, estando previsto que la adjudicación de la asignación presupuestaria se realice vía concierto con una entidad privada sin ánimo de lucro y de reconocida experiencia en materia sanitaria.

Patrimonio histórico artístico. El inicio de nuestras intervenciones se ha producido, en unos casos, a tenor de las noticias aparecidas en los medios de comunicación o, en otros, ante al constatación personal de hechos que aconsejaban la supervisión de la actuación administrativa.

Me voy a referir en concreto a dos de las actuaciones. Una de ellas, en el conjunto histórico de Santiago Millas, puso de manifiesto una problemática de carácter general: la especial problemática que recae en los vecinos de las localidades objeto de expedientes de declaración de bien de interés cultural y de conjunto histórico artístico.

Por ejemplo, en el Boletín Oficial de Castilla y León se recogió la información pública sobre el expediente de declaración de bien de interés cultural con la categoría de conjunto histórico a favor de una localidad, en este caso, Santiago Millas. La incoación de dicho expediente de declaración determina -como saben-, conforme a la normativa vigente la aplicación provisional, en tanto se resuelve dicho expediente, del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés cultural. Y, claro está, de acuerdo con esta previsión, orientada por la intención de no desproveer de significado la futura declaración, resultarán de aplicación, mientras no recaiga resolución definitiva, las normas y mecanismos previstos en dicha normativa dirigidos a promover la conservación, tutela y protección de dichos bienes.

Las obligaciones que se imponen por tal incoación para la salvaguarda de la integridad de los valores propios de esos bienes propició que el Alcalde de la localidad manifestará al Procurador del Común su preocupación ante las previsibles cargas -y a eso voy- que se originarían para un vecindario y una Corporación carentes de recursos económicos suficientes.

Para evitar, por tanto, que resulte ilusoria la declaración, la Alcaldía apuntaba como solución la conveniencia de un convenio entre la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y el propio Ayuntamiento. Por ello, esta Institución consideró preciso conocer si resultaba posible, en función de las disponibilidades propias de la Consejería de Educación y Cultura y de la Diputación Provincial, llevar a cabo el tipo de intervención citado u otras actuaciones que pudieran realizarse con el fin de lograr la debida conservación y protección de Santiago Millas, sin que se produjera un menoscabo económico para los vecinos de dicha localidad.

Monasterio de Santa María de Palazuelos. En informes anteriores ya daba cuenta de las gestiones que llevé a cabo dirigidas a la protección del Monasterio de Santa María de Palazuelos. Así pude comprobar que la Junta había iniciado por fin dicha restauración, financiada íntegramente a su costa, sobre las cubiertas y naves laterales del monumento.

Fauna silvestre. Hemos tenido conocimiento de los accidentes que se producen en los canales de las centrales hidroeléctricas, constituyendo estos aprovechamientos hidráulicos, en determinadas ocasiones, verdaderas trampas mortales para la fauna silvestre.

A la vista de estos hechos, nos dirigimos a la Consejería de Medio Ambiente solicitando información sobre las medidas que, por parte de la Administración, se tuviese previsto adoptar a fin de evitar esa situación. Poco después recibimos el informe de la Consejería. Con posterioridad, dirigí un nuevo escrito a la Consejería, a fin de que nos informase sobre el grado en que se encontraban los convenios de colaboración con la Confederación Hidrográfica del Duero. En concreto, tuvimos constancia de los graves perjuicios que para la fauna silvestre estaban ocasionando dos canales (que cito en el Informe). Es cierto que, posteriormente, tuvo entrada en la Institución la contestación de la Delegación Territorial correspondiente, la cual dice textualmente, entre otras cosas, que "según informaba el Servicio Territorial de Medio Ambiente, se estaba procediendo al cerramiento de un canal sito en la localidad de Vega Cervera, mediante vallado, que impedirá que siga cayendo piezas cinegéticas, jabalíes y corzos fundamentalmente, dentro de una obra financiada con fondos Miner".

Venta de alcohol en gasolineras y áreas de servicio y descanso de las autopistas y autovías. Les ruego atención también en esta actuación de oficio, Señorías, porque nos encontramos ante un caso evidente de conculcación o caso omiso de una Ley aprobada por estas Cortes.

Tanto las estaciones de servicio como las gasolineras son establecimientos a los que se accede, generalmente, utilizando vehículos de motor, por lo que la venta de alcohol en los mismos aumenta el riesgo de accidentes de circulación.

Por otro lado, tal y como he advertido en otras ocasiones, estos establecimientos se han llegado a convertir en lugares habituales de suministros de bebidas alcohólicas, como consecuencia de la libertad de horarios existentes en los mismos, tanto en los supermercados como en las barras de las cafeterías en las áreas de servicio o gasolineras correspondientes.

Se ha constatado el reiterado incumplimiento de la prohibición de venta de bebidas alcohólicas de más de dieciocho grados centesimales en las áreas de servicio y descanso y en las gasolineras, que contempla, sin embargo, la Ley 3/94 de Castilla y León, y a lo que parece la reticencia generalizada de la Administración, de las Administraciones, a la hora de hacer cumplir la legislación aplicable a este tipo de actividades.

A la vista de estos hechos, me dirigí a todos los Alcaldes de Municipios con más de cinco mil habitantes para sugerir que, a través de los servicios técnicos competentes, se procediese a inspeccionar el cumplimiento de estos establecimientos no sólo de la Ley de Actividades Clasificadas, puesto que la venta de estos productos supone el ejercicio de dos actividades clasificadas diferenciadas que deben ser autorizadas a través de las correspondientes licencias, sino también de lo preceptuado en la Ley de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes, aprobada en su día por estas Cortes e incumplida en Castilla y León de manera generalizada.

La adopción de nuevas medidas fue sugerida también a la Consejería de Presidencia y a la Comisión Permanente de Relaciones con el Procurador del Común de estas Cortes.

Pruebas motorizadas en montes y vías pecuarias. Dentro del ámbito de facultades que confiere la Ley, esta Institución inició, de oficio, un estudio sobre el grado de conservación y protección de los ecosistemas. Teniendo en cuenta que el Decreto 4/95 viene a regular la circulación y práctica de pruebas motorizadas en montes y vías pecuarias, actividades que afectan muy negativamente a la conservación de estos espacios, y a fin de conocer el grado de aplicación de la referida norma, solicitamos información de la Consejería de Medio Ambiente.

Por lo que se refiere al número de autorizaciones concedidas y al número de expedientes sancionadores, se nos facilitaron datos que revelan, a mi juicio, una considerable pasividad de la Administración Autonómica, sobre todo en algunas provincias.

Secretaría de Entidades Locales Menores. Dado el elevado número de Entidades Locales Menores de Castilla y León, me he planteado la necesidad de una regulación adecuada del puesto de Secretaría de las referidas Entidades.

Esta Procuraduría se dirigió a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, a fin de que por la misma se valorara la necesidad de proceder al desarrollo de la Ley reguladora de Régimen Local, con la finalidad de clarificar las posibilidades de desempeño del puesto de Secretaría, Secretario del Municipio, servicio que con tal fin tenga establecido cada Diputación Provincial, funcionario de la Corporación o cualquier otra persona con capacitación suficiente.

Incendios forestales. En el curso de las investigaciones realizadas en materia de incendios, se detectó cierta problemática relativa a los mismos, y, concretamente, la derivada de la facultad atribuida a los Alcaldes de movilizar personas o medios materiales existentes en su jurisdicción.

Si bien es cierto que la cobertura de accidentes corporales, como indemnización a los vecinos cooperantes que sufran accidentes con motivo de la extinción de los incendios, corre a cargo del Fondo de Compensación de Incendios Forestales, debiendo tenerse en cuenta una Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, también lo es que las cantidades establecidas en esa Orden no están actualizadas. A la vista de lo expuesto, consideré, siguiendo el cauce oportuno, dirigirme al Defensor del Pueblo, a fin de que, por éste, se instase la modificación de la tabla de indemnizaciones contempladas en el Anexo.

Posteriormente, tuvo entrada en la Institución del Procurador del Común escrito del Defensor del Pueblo en el que manifiesta que había decidido, efectivamente, siguiendo mi sugerencia, dirigirse a la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda.

Control de armas blancas. No es raro que en los medios de comunicación aparezca la noticia de la muerte por arma blanca de ciudadanos, por regla general jóvenes. Desgraciadamente, no son casos aislados, ya que todos somos conocedores de hechos de este tipo, acaecidos, fundamentalmente, en el entorno de establecimientos de reunión o de esparcimiento, y asociados, en general, al consumo de bebidas alcohólicas.

En no pocos casos, seguramente, los portadores de las citadas armas desconocen las prohibiciones que establece la Ley de Seguridad Ciudadana y el Reglamento de Armas incluso respecto de la mera tenencia. Por ese motivo, se estimó oportuno remitir a la Administración unas consideraciones, por si estimara conveniente impartir instrucciones dirigidas a que, por parte de las Fuerzas de Seguridad, se incrementen los servicios de identificación preventiva de vehículos y personas, con el fin... especialmente, en lugares de esparcimiento, con el fin de que a través, en su caso, de los correspondientes procedimientos, se depuren las presuntas responsabilidades por la tenencia de esas armas.

En el citado escrito, entre otras cosas, y por lo que se refiere a las armas no prohibidas, o que parecen no prohibidas, se manifestaba que, si bien el artículo 106 establece que la tenencia de armas de la categoría quinta es libre para personas mayores de edad, armas blancas y, en general, las de hoja cortante o punzante no prohibidas, no pueden desconocerse, sin embargo, las restricciones a su mera tenencia contempladas en otro artículo de la misma disposición normativa.

También decía que dicho precepto -recordaba- prohíbe portar, exhibir y usar fuera del domicilio, o del lugar de trabajo, en su caso, o de las correspondientes actividades deportivas, cualquier clase de armas blancas.

Infracciones en materia de transportes terrestres. Esta Institución consideró oportuno iniciar de oficio una investigación tendente a comprobar el número de expedientes sancionadores tramitados en nuestra Comunidad Autónoma, por superar los transportistas profesionales el límite de horas de conducción continuada permitida.

En su día, solicité información a la Consejería de Fomento, así como a la Guardia Civil. Esta última me remitió un estadillo numérico de las denuncias formuladas por las distintas unidades afectas a la zona. Con posterioridad, se formuló sugerencia a la Consejería de Fomento, relativa a la conveniencia de plantear, a través de los órganos de coordinación interadministrativa, un plan de actuación prioritaria de los servicios de inspección de transportes sobre el cumplimiento de los tiempos máximos de conducción y descansos mínimos legalmente establecidos.

Con posterioridad, se acusa recibo del escrito de la Consejería de Fomento, por medio del cual se informa en relación con la sugerencia formulada en el expediente. De su contenido se desprende la inclusión, en el Plan de Inspección de Transportes para el año dos mil, de actuaciones genéricas en materia de control de tiempos de conducción y descanso.

La actuación de oficio, Señorías, iniciada, pues, el pasado año, continúa en la actualidad.

Para atenerme al tiempo, voy a ser muy breve en el resumen de las actuaciones iniciadas a instancia de parte.

Función Pública y Presidencia. La mayor parte de las reclamaciones se refieren a la falta de convocatorias de pruebas selectivas, lo cual ha dado lugar a bolsas de personal interino.

La Administración Autonómica, tal como prometió, debe poner en marcha el compromiso adquirido a este respecto por la Consejería de Presidencia.

En el ámbito de las Corporaciones Locales, no podemos dejar de considerar el papel de las asociaciones vecinales, instando desde aquí a los Ayuntamientos a facilitarles la información necesaria, ofreciéndoles cauces de participación, verdaderos cauces de participación.

La Administración no actúa con la diligencia...

Perdón, Señorías.

Urbanismo, Ordenación del Territorio, Obras Públicas y Vivienda. Es preciso decir que la intervención del Procurador del Común en los expedientes relativos a la planificación y la gestión urbanística resulta mucho más limitada que en materia de disciplina urbanística, ya que en las dos primeras existen numerosos aspectos discrecionales, frente a la naturaleza reglada de la disciplina urbanística.

Debemos destacar, en este lugar, los graves problemas que afectan a determinados ciudadanos con motivo de la adquisición de parcelas y/o viviendas en urbanizaciones particulares que no llegan a ejecutarse conforme a sus planes parciales; o, en otros casos, cuya venta se produce sin ni siquiera la existencia de un plan previo.

A fin de evitar la referida problemática, resulta necesario una correcta y bien calculada planificación de las Administraciones Locales, así como la exigencia, por parte de las mismas, de las garantías que prevé la legislación urbanística para cubrir posibles disfuncionalidades.

Vivienda. La Administración no actúa con la diligencia que sería deseable para llevar a cabo la ejecución forzosa como medida de ejecución subsidiaria a costa del obligado.

En cuanto a la quejas relacionados con las viviendas de protección oficial de promoción pública, las denuncias recaen sobre presuntas irregularidades en los procesos de selección de adjudicatarios.

Actividades clasificadas y medio ambiente. Medio ambiente. Un buen número de quejas recibidas sobre medio ambiente se refiere al tratamiento y eliminación de los residuos sólidos urbanos. También han sido numerosas las quejas registradas en relación con el derecho de acceso a la información en materia medioambiental.

Por lo que respecta a las actividades clasificadas, me remito a lo dicho en la actuación de oficio.

Educación, cultura y deportes. En el ámbito de la enseñanza no universitaria, el contenido sustancial de las quejas hace referencia a problemas suscitados por el acceso al propio nivel de enseñanza: becas y ayudas al estudio, calidad de la enseñanza, conservación, mantenimiento y equipamiento de centros públicos de enseñanza son temas que se repiten, así como el relativo a los largos traslados a los que se ven sometidos diariamente los alumnos de Educación Secundaria para asistir al instituto más cercano.

En materia de escolarización, se han tramitado expedientes referidos al ámbito de Educación Especial.

Industria, comercio, turismo y consumo. Parte de las reclamaciones se han referido a deficiencias en el suministro eléctrico, así como a su transporte. También han sido objeto de supervisión cuestiones relativas al servicio de suministro de gas, en concreto, a la pasividad de la Administración Autonómica frente a irregularidades y abusos cometidos por las empresas suministradoras.

Ha suscitado también reclamaciones ante el Procurador del Común la proliferación de la venta ambulante, fuera de los establecimientos comerciales permanentes, sin las autorizaciones precisas.

Finalmente, la demora de la actividad administrativa, tanto autonómica como local, ha quedado patente en la tramitación de las reclamaciones presentadas por las asociaciones de consumidores... consumidores y usuarios.

Agricultura. Las materias sobre las que versan las quejas planteadas son, como en ejercicios anteriores, muy variadas, y van desde las infracciones procedimentales en la tramitación de las ayudas y subvenciones, retrasos en el pago de aquéllas, hasta la falta de respuesta a los escritos presentados, y, especialmente, las referidas a los procedimientos de concentraciones parcelarias en sus diferentes fases.

Han aumentado las quejas relativas a los expedientes de ayudas, en los que destacan, sobre todo, cuestiones formales de falta de motivación o defectos de las notificaciones, así como retrasos en la resolución de los expedientes.

Trabajo, Seguridad Social y Servicios Sociales. Buena parte de las reclamaciones versan sobre la siniestralidad laboral y la falta de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Tercera Edad, también dentro de esta Área G. Aunque en los últimos tiempos ha mejorado la atención que las Administraciones competentes prestan al colectivo de las personas mayores, no puede olvidarse que se trata de un sector que, por sus características físicas, psicológicas, etcétera, puede ser fácilmente vulnerable a las prácticas abusivas, constituyendo un grupo cuya situación exige un especial control y vigilancia. La proliferación de centros residenciales, fundamentalmente privados, ha motivado reclamaciones acerca de funcionamientos presuntamente irregulares que requieren un mayor control administrativo. Las listas de espera originadas por la lentitud en la concesión de una plaza en una residencia oficial obedecen a la carencia de plazas suficientes en nuestra Comunidad Autónoma para cubrir ese tipo de demanda.

Sigue constatándose, asimismo, que los criterios de admisión favorecen el ingreso de aquellas personas con menos recursos económicos, en detrimento de aquellos otros que no gozan, por la cuantía de sus ingresos, de preferencia para ese acceso y que, en cambio -entiéndase bien lo que quiero decir-, tampoco puede satisfacer el coste que supone la estancia en una residencia privada.

Ambas circunstancias requieren dar prioridad a la ampliación de plazas residenciales... yo diría que de gestión pública -no solamente titularidad pública, sino que de gestión pública-, y a la rápida elaboración -actualmente en marcha- de la normativa que regulará en esta Comunidad el acceso a las mismas.

Pero los poderes públicos no deberían preocuparse sólo de los mayores a la hora de facilitar su ingreso en una residencia; y reclamo también de nuevo especialmente su atención en este punto, porque no aparece con frecuencia en las declaraciones de las Administraciones o en los medios de comunicación. Da la impresión -quiero decir- a veces, de que la Administración y la sociedad, y la sociedad -y la sociedad-, se olvidan de que hay que facilitar a los cada vez más numerosos mayores el poder seguir desarrollando una vida normal en su entorno de siempre, que no se trata tan sólo de encerrarles en una residencia.

Dicho con otras palabras: este colectivo, como sucede con otros, se ve afectado por cuestiones de muy variada índole, y no solamente por las relativas a lo que podíamos llamar los servicios sociales. Hablen ustedes y pregúntenles qué es lo que me cuentan a mí acerca de la inseguridad que experimentan cuando salen a la calle, precisamente en relación con algo que le decía antes: con la inseguridad que experimentan como consecuencia de la pasividad de las autoridades locales a la hora de imponer el respeto a las reglas de seguridad vial.

Los enfoques podían ser a este respecto numerosos y abundan en favor del enfoque intersectorial horizontal de la defensa de sus derechos; defensa -dicho sea de paso- en la que debería estar interesado el conjunto de los ciudadanos, aunque sólo fuese por egoísmo, al tratarse de una situación -la senectud- en la que, con suerte, todos acabaremos por encontrarnos.

Menores. A lo largo de los sucesivos ejercicios se ha ido produciendo un aumento de las reclamaciones presentadas ante esta Institución que abordan la problemática de los menores en esta Comunidad Autónoma, en la que también existe un defensor del menor, que es, por supuesto, el Procurador del Común.

En los casos de adopción nacional, que ha ido descendiendo con motivo, entre otros, de la disminución de hijos no deseados y el desarrollo creciente de recursos encaminados al apoyo familiar, son diversas las reclamaciones presentadas en relación al retraso padecido en la emisión de los informes de valoración de idoneidad en los expedientes administrativos tramitados, o al largo período de tiempo de espera para adoptar un niño de nacionalidad española.

Las demandas de adopción, por ello, se vienen dirigiendo cada vez más, en mayor medida -como saben-, al ámbito internacional; pero su tramitación tampoco está exenta de dificultades.

Muchos de los problemas originados en los procesos de adopción internacional derivan de la falta de información y asesoramiento a los solicitantes, aunque también es patente, en este caso, el retraso sufrido en la emisión de los informes de valoración de idoneidad, que ha pretendido paliarse por la Administración Autonómica de Castilla y León mediante la celebración de un convenio con los Colegios de Psicólogos y Asistentes Sociales y la consiguiente inclusión de los procedimiento de adopción de un turno privado. Ello ha originado un resultado discriminatorio, a mi juicio, para aquellos solicitantes con escasos medios económicos o que no desean acudir a dicho turno, y que por ello tardarán más tiempo en conseguir la emisión del oportuno informe.

Al margen de esta amplia problemática, son también diversas las quejas que muestran la disconformidad con las medidas de protección de menores adoptadas por la Administración, como las declaraciones de situaciones de desamparo, la asunción de la tutela o los acogimientos familiares.

Han resultado, asimismo, objeto de reclamación la vulneración de otros ámbitos de los derechos de la infancia, como ha sido el caso del maltrato infantil escolar; supuestos en los que por esta Institución se ha requerido la intervención no sólo de la Administración competente, sino también del Ministerio Fiscal.

Me remito a lo dicho en materia de seguridad vial, en relación también con la protección de los menores.

Sanidad. Conviene tener en cuenta que si bien es cierto que la gestión e implantación de la asistencia sanitaria es competencia del Insalud, no lo es menos que la Junta de Castilla y León es la competente para adecuar la distribución del personal sanitario en las zonas básicas a las necesidades asistenciales de cada zona.

Por ello, reiteramos una vez más la necesidad de lograr, en beneficio del usuario del Sistema Nacional, una mejor coordinación entre las Administraciones sanitarias cuando -como ocurre en nuestra Comunidad- la Atención Primaria y la Asistencia Especializada es prestada por diversas entidades.

Dentro de esta área... perdón. Dentro del área de Justicia, quisiera referirme brevemente a lo que se ha dado en denominar "administración... de la Administración de Justicia", "administración de la Administración de Justicia".

Como saben, siete Comunidades Autónomas tienen en la actualidad competencias en esta materia como consecuencia de los procesos de transferencias llevadas a cabo. Sin embargo, en Castilla y León, las quejas relativas a los asuntos referidos -insisto, administración de la Administración de Justicia- deben remitirse al Defensor del Pueblo, ya que, en nuestro caso, dicha función sigue residenciada en la Administración Central, a pesar del Artículo 30 del Estatuto de Castilla y León y a pesar de que, en ocasiones, como saben, altos cargos de la Administración de Justicia en esta Comunidad Autónoma han manifestado su convicción de que un traspaso de la administración de la Administración de Justicia sería beneficioso para aquélla.

Merecen especial atención, Señorías, las quejas en las que se someten a mi consideración cuestiones relacionadas con actuaciones profesionales de Abogados y Procuradores, de las que, en principio, se podrían derivar responsabilidades, y las cuales, dada la casi siempre obligatoria intervención de estos profesionales en los procedimientos judiciales, inciden en la órbita de derechos de protección constitucional -que es lo que me lleva a mí a intervenir- tales como el de defensa y asistencia letrada y el de tutela judicial efectiva.

La función del Procurador del Común en este tipo de quejas, en las que se cuestionan actuaciones contrarias a la ética profesional, se circunscribe a reforzar los mecanismos disciplinarios cuando los mismos no funcionen con la fluidez debida en las correspondientes corporaciones colegiales, ya que las responsabilidades de otro orden -de orden civil y penal- solamente son exigibles ante los Tribunales de Justicia.

Economía y Hacienda. Un importante número de reclamaciones vienen motivadas por la disconformidad de los ciudadanos con las liquidaciones efectuadas por la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en los impuestos que gestionan.

Son varias las quejas recibidas en las que se nos solicita que se efectúen cuantas gestiones sean necesarias para que se deje sin efecto la liquidación y no se les imponga ningún recargo. La mayoría de las actuaciones realizadas en el ámbito de los tributos locales se refieren al impuesto sobre bienes inmuebles. También se han recibido quejas referidas a contribuciones especiales, a veces por entender que eran excesivas y otras veces por presuntas irregularidades en el procedimiento de imposición y ordenación de las mismas.

En lo que se refiere al departamento dos -y apremiado cada vez más por el tiempo-, diré que ha llegado a ser habitual, como recuerdan, que en el apartado es del informe destinado a dar cuenta de las funciones de defensa del Estatuto y de tutela del Ordenamiento Jurídico se dedique una sección al análisis de la Ley Reguladora del Procurador del Común, formulando diversas aportaciones, tanto acerca de su mejor entendimiento como sobre los distintos aspectos de la misma, que entendemos son susceptibles de reforma. Me remito a las páginas correspondientes.

En este... a la hora de resumir, quizá excesivamente, la actuación de este departamento, cuya ingente... cuyo ingente trabajo me temo que no siempre trasciende, no quiero dejar de aludir muy brevemente a la problemática del Enclave de Treviño, a la espinosa problemática del Enclave de Treviño, porque, como hemos venido poniendo de manifiesto en años anteriores, desde la perspectiva de una eventual colisión con nuestro Estatuto de Autonomía, es inevitable que sea objeto de mi atención permanente cuanto acontece en torno al denominado "contencioso de Treviño".

En los primeros días del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve llegó a conocimiento de esta Institución la celebración de un Pleno Extraordinario -no otro posterior, me refiero al de marzo del año noventa y nueve-, un Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Condado de Treviño -uno de los dos Ayuntamientos del Enclave-, en el que, al parecer, se abordaron una vez más cuestiones concernientes a su voluntad de dejar de pertenecer al territorio de esta Comunidad Autónoma.

Pues bien, ante la alarma manifestada en los medios de comunicación por diversos organismos públicos y privados, como Procurador del Común, actuando de oficio y en cumplimiento de la función de defensa que me encomienda el Estatuto, que me impone el Estatuto, procedí a analizar detenidamente los acuerdos adoptados en dicha Sesión Plenaria, según constaba en el borrador del Acta que me fue remitido -con rapidez, por cierto- por la Corporación, informando del resultado, en su calidad de Instituciones básicas de la Comunidad, tanto a nuestro Parlamento Autonómico, a través de su Presidente, como al Presidente de la Junta de Castilla y León. No aprecié en dicho borrador otra cosa que una declaración de intenciones, a reserva de cuanto pudiera derivarse de las concretas decisiones que llegaron a adoptarse para su puesta en práctica, y que serían objeto de puntual atención -por supuesto- por parte del Procurador del Común.

A los escritos remitidos se dio respuesta por parte de sus destinatarios, expresándome su reconocimiento por la celeridad en la actuación de esta Procuraduría, que creo contribuyó a clarificar acontecimientos acerca de los cuales se estaba produciendo -a mi juicio- en aquel momento una cierta confusión.

Señorías, como establece nuestra Ley reguladora, consta en el Informe un anexo correspondiente a la liquidación del presupuesto.

El Servicio de Intervención de estas Cortes, que también lo es del Procurador del Común, estudia y supervisa toda la documentación contable referida a dicha liquidación, en aras de una total transparencia.

El relativo a mil novecientos noventa y nueve -como pueden comprobar- se cierra con un grado de ejecución del 93,5%, que considero normal para una institución que aún estudia su desarrollo.

Como es preceptivo, constan en el Informe número y clase de quejas: dos mil doscientas dos recibidas hasta el treinta y uno de diciembre, y el número de expedientes iniciados de oficio: ochenta y uno. Asimismo, figuran las quejas rechazadas: seiscientas cincuenta y nueve. Las quejas aún en tramitación en el momento del cierre del Informe eran cuatrocientas diecisiete: unas pendientes de recibir información y otras de emitir resolución. En este sentido, las resueltas eran mil setecientas ochenta y cinco. Recuerdo a Sus Señorías que utilizo la expresión "resueltas" en el mismo sentido que la utilizan los Tribunales de Justicia.

El resultado obtenido es el siguiente: en concreto, se dio la razón a la Administración en un 56% de las quejas admitidas a trámite, un 56%.

Como ya comentábamos en otras ocasiones, con frecuencia las actuaciones afectan a varias Administraciones con competencias concurrentes, y no es infrecuente tampoco el que, ante un requerimiento del Procurador del Común, el órgano requerido tenga que dirigirse, a su vez, a otro de la Administración, en solicitud de información, a fin de dar respuesta.

Con estas reservas, se puede decir que la mayor parte de las quejas... con estas reservas, se puede decir que la mayor parte de las quejas, el 35%, cuestiona la actuación de la Administración Local, por más que éstas han disminuido en siete puntos. Al contrario de lo que sucede con la Administración Autonómica, a propósito de la cual las quejas han pasado del 26 al 33%, lo que, entre otras cosas, no deja de estar en relación con el traspaso de competencias. Y el número de quejas dirigidas contra la Estatal supone el 19%, porcentaje que disminuye -pienso- con motivo de la finalización del proceso de transferencias en materia de Educación desde el pasado uno de enero.

Por cierto, respecto de las quejas dirigidas contra la Administración Local, quisiera hacer una referencia -puesto que no lo he hecho en el Informe- a las Entidades Locales Menores y a las Mancomunidades de municipios, como objeto de mi supervisión.

Como ya se ha dicho en otras ocasiones, las Entidades Locales Menores, administradas por Juntas Vecinales o por Asambleas Vecinales, Concejos, constituyen instituciones tradicionales de convivencia con arraigo histórico importante en la vida de nuestros pueblos, sobre todo en dos provincias: Burgos y León.

A la vista de las estadísticas incluidas en nuestros informes anuales, se ha puesto de manifiesto la existencia de quejas contra la actuación de órganos de gobierno de algunas de dichas Entidades. Sin embargo, debo manifestar que las Entidades Locales Menores solamente pueden ejecutar las obras y prestar los servicios que les delegue expresamente el Ayuntamiento. Ello quiere decir que, en principio, de no existir esa delegación expresa, carecen de competencia para realizar las obras o establecer el servicio; de ahí también una limitación a la intervención del Procurador del Común directamente, al menos, sobre esas Entidades Locales Menores.

Por lo tanto, dependerá del caso concreto -que exista o no dicha delegación- la competencia de determinada Entidad Local Menor sobre una obra o servicio. Por esa razón, son frecuentes los casos en los que esta Institución se ha dirigido en un primer momento al correspondiente Ayuntamiento, y sólo con posterioridad a la Junta Vecinal, una vez que por la Corporación municipal hemos sido informados de la competencia de la misma sobre la obra o servicio objeto de queja, o a la inversa.

El problema se complica si la Entidad Menor ha venido realizando tradicionalmente obras y servicios de competencia municipal y, por la misma, no se ha procedido a formalizar el correspondiente convenio con el Ayuntamiento afectado, cuestión que hemos tratado y que abordaremos en el próximo informe.

Sin salir del ámbito de la Administración Local, no puede dejar de destacarse también la existencia de quejas que cuestionan, precisamente, la actuación de los órganos de gobierno de las Mancomunidades de municipios, lo que no es de extrañar dado el número de Mancomunidades... elevado número de Mancomunidades existentes en nuestra Comunidad Autónoma y sobre lo que espero ser más prolijo en el próximo informe también.

No quisiera tampoco, en este orden de cosas, dejar de mencionar, solamente apuntar muy brevemente, incluso de cara, tal vez, a la reforma de la Ley, a la problemática que puede dar lugar la actuación de lo que han venido en denominarse empresas públicas, empresas públicas. El problema que se plantea es si dichas personas jurídico-priva... si dichas personas jurídico-privadas pueden considerarse entes u organismos de derecho público, con las consecuencias que ello también conlleva en orden a la supervisión o no por parte del Procurador del Común.

El grado de colaboración de las Administraciones sigue siendo en su conjunto alto, aproximadamente el 74%. Tampoco es fácil hacer un cálculo, y mucho menos un cálculo exacto, y referido -claro está- a la fase de investigación, que es la única que contempla la Ley, en principio, como obligatoria. ¿Cuáles son las causas -también lo pide la Ley- que dieron lugar a las quejas? Están enmarcadas en las diferentes áreas y expuestas en porcentajes, como pueden comprobar en el informe.

Quisiera dejar constancia de que el Área A, Función Pública y Presidencia, pese al enunciado -quizá no del todo diáfano-, engloba materias diversas destacando, junto a las reclamaciones que versan sobre Función Pública propiamente dicha, las relativas al tráfico y sobre todo aquellas que tienen por objeto determinadas actuaciones de las Corporaciones Locales. (Estoy acercándome ya al final de mi intervención, señor Presidente.)

La Ley -como ya comentaba el pasado año- nos pide que averigüemos la observancia que hace la Administración de mis resoluciones. Lo que ocurre es que no es fácil responder a esta cuestión, entre otras cosas, porque -como ya he dicho en más de una ocasión- las Administraciones no están obligadas -al menos hoy por hoy no lo están-, mientras no se reforme la Ley -y eso parece una paradoja que contrasta con la exigencia que acabo de citar- a responder a mis criterios de resolución. No están obligadas a responder a mis resoluciones. Es difícil poder sentar afirmaciones, entonces, concluyentes sobre los casos que, habiendo sido objeto de conocimiento por parte de la Institución, han sido resueltos satisfactoriamente a raíz de la intervención de la misma, entre otras cosas también, por otra parte, por las dificultades materiales y económicas que tienen no pocos municipios en Castilla y León para poner en práctica la ejecución de una resolución, aun aceptándola. Con frecuencia, son muchos los municipios, diminutos municipios de esta Comunidad Autónoma que al mismo tiempo que me aceptan la resolución, me piden, para poner en práctica, los medios para resolverla.

Por lo que se refiere a las resoluciones propiamente dichas, formulé trescientas cuarenta y cinco de diversa naturaleza dirigidas a la Administración Autonómica y a los Entes Locales. Además, hay que añadir las muy numerosas formuladas en las actuaciones de oficio; las trescientas cuarenta y cinco hacen referencia a las actuaciones a instancia de parte.

Y finalizo ya, definitivamente, Señorías, agradeciendo las críticas y las sugerencias que, públicamente o también en privado, me han hecho a lo largo de los cinco años pasados, en relación con mis actuaciones. Se lo agradezco, y no sólo porque su contenido me ha servido de gran ayuda a la hora de superar... de ir superando las imperfecciones propias de cualquier obra humana, máxime cuando está comenzando, sino también en cuanto a la forma, por el tono parlamentariamente cortés -si me permiten la expresión- con que han sido siempre formuladas. Gracias por su atención.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Procurador del Común. Se abre ahora un turno para fijación de posiciones por parte de los Grupos Parlamentarios. Y comenzando por el Grupo Mixto, cuyos representantes van a compartir el turno, concedemos la palabra, en primer lugar, al señor Rad.

EL SEÑOR RAD MORADILLO:

Gracias, señor Presidente. Señor Procurador del Común, Señorías, en primer lugar, no quisiera desperdiciar mi intervención, sino para mostrar mi gratitud... mi gratitud hacia su persona y hacia la Institución que representa, por la labor realizada.

Han sido muchos los casos de los ciudadanos que han acudido a esta Institución a reclamar sus justas dudas frente a actuaciones de la Administración, en torno a once mil ciudadanos, lo que representa entre el 8 y el 10... cada 10.000 habitantes. En algunos casos las reclamaciones son especialmente graves, por tratarse de ciudadanos con notables carencias económicas o notables carencias sociales.

También mi gratitud por la precisión y exactitud del Informe que se nos presenta; algo que no nos sorprende, pues es práctica habitual desde que desempeña la cabeza de esa Institución.

En segundo lugar, quisiera reflejar aquí la necesidad de su labor. Una necesidad, en primer lugar, ya que es el garante de los ciudadanos de cara a la defensa de sus derechos por parte de las Administraciones, y, desde luego, es un recurso, yo creo, que estrictamente necesario para muchos de ellos, dadas, pues, las situaciones que frecuentemente aparecen de indefensión, o bien de lentitud o inoperancia por parte de las Administraciones: Administraciones Locales, Administración Regional, incluida, e incluso en una pequeña fracción de los casos, la Administración Nacional.

Es quizá esta Institución el altavoz que tienen determinados ciudadanos para que sus casos, sus problemas no queden en el silencio administrativo, en el olvido que muchas veces caracteriza a la Administración. Es su persona y su Institución también, aparte de su capacidad de resolución efectiva y de su capacidad de negociación con las instituciones, un altavoz de estos problemas hacia toda la sociedad, y es un altavoz que nos muestra una realidad que muchas veces no es la realidad palpable de las cifras oficiales, de las estadísticas oficiales o de los discursos oficiales. Es la realidad palpable que sufren, lamentablemente, muchos de nuestros ciudadanos.

También queremos expresar aquí, como todos los años, la necesidad de incrementar los medios y la necesidad de incrementar esa capacidad de actuación que tiene el Procurador del Común.

Sorprende en este Informe especialmente el silencio de muchas Administraciones, Administraciones Locales fundamentalmente, pero en algunos casos la lentitud de otras Administraciones que debieran tener una respuesta más rápida, como puede ser la Administración Regional.

Finalmente, sí que quisiera aprovechar esta ocasión, pues, para pedirle una vigilancia especial sobre una determinada serie de casos. En primer lugar, una vigilancia especial sobre los brotes de racismo y de xenofobia que pueden ocurrir en nuestra sociedad. Tradicionalmente, y así lo ha expuesto usted en su Informe, ha sido la etnia gitana, quizá, el colectivo más desfavorecido, más marginado, y no es una figura extraña, lamentablemente en muchas de nuestras ciudades, encontrar auténticos guetos de marginación y de delincuencia precisamente de estos colectivos.

Usted ha expuesto muy claramente cuáles son los problemas que afectan, o cuál son los problemas a los que se está intentando hacer frente, y cuáles son las diferentes posturas, muchas veces de recelo, pues, que, ante hechos como la discriminación positiva, aparecen en muchos de los ciudadanos. Nosotros defendemos aquí la necesidad de que esas políticas de discriminación positiva y de ayudas económicas sigan realizándose; pero que sigan realizándose, desde luego, no con el sentido de crear nuevos agravios entre el resto de los ciudadanos, sino con el sentido de integrar realmente, socialmente, a estos colectivos.

Queríamos también expresar nuestra preocupación por determinados colectivos de emigrantes, colectivos de emigrantes que tienen una situación laboral claramente injusta en nuestra Comunidad, que tienen unas condiciones laborales de práctica explotación, y, desde luego, que tienen unas condiciones de vida realmente infrahumanas. Son colectivos que muchas veces están ligados a trabajos temporales, que están ligados, incluso, a empresas que trabajan para la Administración Regional, o que son ligados a actividades temporales de la agricultura.

Y también una segunda necesidad de vigilancia especial a la integración de los colectivos con minusvalías físicas o psíquicas. Nosotros agradecemos la preocupación que ha presentado desde siempre este Procurador del Común hacia los enfermos mentales. Queremos expresarle nuestro ánimo para que esas barreras, sobre todo, psicológicas, también las arquitectónicas, que ésas ya debieran estar resueltas y lamentablemente, por desidia de muchas Administraciones -incluida la Administración Regional- no es tan... no lo están, sino esas otras barreras psicológicas que impiden el normal desarrollo de estas personas, o de personas ligadas a la Tercera Edad, o de cualquier persona que no encuentra su sitio en la sociedad.

Y, finalmente, agradecerle la labor realizada en temas como Treviño, de ese seguimiento de especial atención, ya que estamos en un enclave donde se junta la actitud perseverante en el tema político con, muchas veces, la falta de respeto a lo que es el ordenamiento estatutario de nuestra Comunidad.

Muchas gracias, señor Procurador del Común, por la labor realizada.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Es el turno ahora del señor Herreros, que tiene la palabra.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. En primer lugar, un saludo cordial. Y después de ser consecuente con la actitud en relación con el terrorismo, yo quiero sumarme de forma personal y en nombre de Izquierda Unida a la condena expresa, a la solidaridad y a las condolencias más sentidas, vinculadas a las familias de las víctimas.

Dicho esto, decir que es una obligación -o, al menos, lo sentimos así desde Izquierda Unida- el que estas Cortes agradezcan la labor realizada durante los cinco años primeros de vigencia del Procurador del Común. Y, lógicamente, sentimos o interpretamos que hay una modificación cualitativa, que puede ser importante de cara al futuro, pero es también, al mismo tiempo, un sentimiento de autocrítica que yo me hago, que yo creo que debe ser extensible a todas las Cortes, en relación con las atenciones, los planteamientos, las demandas de una modificación legislativa que, lógicamente, ponga todavía mayor empeño en la realización de las tareas, de las finalidades, de las funciones que tiene esta Procuraduría. Es una obligación nuestra. Y yo me permito, desde el primer momento, al mismo tiempo de formalizar la autocrítica correspondiente que pueda corresponder a mí, a Izquierda Unida en este caso, me permito decir que sería aconsejable instarnos a nosotros mismos a que, en el menor plazo posible, se pueda mantener una reunión de la Comisión del Procurador del Común con los propios miembros de su equipo, para que pueda ya materializarse, de una vez por todas, un análisis, una reflexión en profundidad, de las variaciones que se vienen planteando aquí, y que incluso venimos reiterando aquí anualmente, pero que no encontramos la fórmula para que puedan materializarse.

Creemos que desde ese punto de vista podía ser realmente efectivo, o más efectivo, el que este recordatorio constante de lo que es la calidad de vida, que a veces la ciframos en cosas absolutamente extrañas, y, sin embargo, pueden estar directamente vinculadas a corregir, a modificar, a plantearnos lo que es una convivencia mucho más en la relación personal, en la relación humana, y entendiendo que siempre cualquier acto tiene una alternativa diferente, que debe, en todo caso, permitir ser seleccionado para que las gentes que están en inferioridad de condiciones, quienes no gozan de la situación más adecuada para moverse en esta sociedad, que tiene unos rasgos de individualización excesivos, puedan en todo caso disfrutar de esto que, constitucionalmente, hemos venido defendiendo y defendemos constantemente: la igualdad de oportunidades a todos los efectos. Pero se nos relata, se nos pormenorizan, incluso no vinculado exclusivamente a las quejas, sino incluso a iniciativas de expedientes incoados por la propia Procuraduría, y se nos relatan también las deficiencias a la hora de poder ponerlas en práctica.

Posiblemente, ha llegado el momento de no dejar pasar la oportunidad, y así como quiero hacer patente el agradecimiento de la labor realizada en el período anterior, quiero también expresar lo que pueda significar de apoyo absoluto, de apoyo total a una de las funciones más interesantes que tiene esta Cámara, que está directamente vinculada a la función de la Procuraduría del Común. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Tiene ahora la palabra el señor Otero Pereira.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Muchas gracias, señor Presidente. Señor García Álvarez, Procurador del Común. En esta ocasión, como en ocasiones anteriores, es obligado felicitarle por el trabajo que ha venido haciendo a lo largo de los últimos años, y en particular el año en el que usted nos ha explicado en esta Sesión Plenaria.

Seguimos creyendo que es usted la persona idónea para ocupar el cargo, y así lo propusimos en su día cuando se planteó la posible renovación del órgano. Seguimos pensando que usted es la persona idónea, que tiene ya una experiencia contrastada y que, además, se ha rodeado de un equipo que, además de ser perfectamente válido, ha adquirido también esa experiencia imprescindible para hacer una mejor gestión de sus funciones, importantes funciones. De tal manera que, desde nuestro Grupo de Procuradores de la Unión del Pueblo Leonés, le felicitamos a usted y a su equipo.

Y, dicho esto, quisiera referirme a dos cuestiones muy breves y muy concretas también, porque no es mucho el tiempo, y tampoco es el lugar para profundizar en algunas cuestiones.

En primer lugar, y tal y como plantea usted en su Informe, se habla de la necesidad de la modificación de la Ley que regula la Institución del Procurador del Común de Castilla y León. Y yo ya me canso de hablar de la modificación de la Ley, porque, mire, desde que yo soy Procurador -y van ya cinco años, creo, estamos en el sexto-, todos los años estamos oyendo la misma canción de que es necesario renovar la Ley o modificar la Ley que regula la Institución, porque tiene carencias, que usted, además, ha detectado, y que usted, además, ha propuesto, y que, además, propone en su Informe. Y todos los años le damos la razón, y decimos: pues es verdad que hay que reformarla, pues tiene usted razón. Pues van cinco años ya y no se ha tocado la Ley todavía. Y yo no entiendo por qué no se toca la Ley.

Ahora nos hemos enterado a través de los medios de comunicación que parece que va a haber un impulso a algunas cuestiones en esta Comunidad, como la reforma del Reglamento de las Cortes -añeja también la intención de reforma-, y de regular unas nuevas instituciones que ya recoge el Estatuto de Autonomía. Bueno, a ver si esas noticias, que -insisto- conocemos por la prensa hasta ahora, pues se convierten en una realidad. Pero es verdad que ya no podemos pasarnos otro año más, y el año que viene, cuando comparezca usted, volver a decir: y es necesario reformar la Ley que regula la institución del Procurador del Común. A ver si, de una vez por todas, le escuchamos y le hacemos caso.

Y mire, yo le voy a decir una cosa, vamos a entrar ahora en un período de... fundamentalmente, de estudio y debate de los Presupuestos de la Comunidad, yo espero que en estos tres meses de este período de sesiones se proponga en esta Ley una modificación de consenso por parte de todos los Grupos; en eso seremos los primeros, en apostar por el consenso (porque sobre todo lo que usted plantea son cuestiones técnicas, no veo que haya mucha dificultad política para llegar a un acuerdo. Yo creo que llegaremos a un acuerdo). Y que se impulse en estos tres meses. Porque ya anticipo que si en estos tres meses no se hace nada, no entra en esta Cámara una Proposición de Ley para reformar la Ley que regula la Institución, nosotros en el mes de enero presentaremos la correspondiente Proposición de Ley, con el contenido simple que usted pide en su Informe, ni más ni menos; es decir, acogiendo sus deseos y sus intenciones. Usted es el que mejor conoce las carencias. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa en estos tres meses; pero, desde luego, no estamos dispuestos a volver a concurrir a este Pleno dentro de un año para estar en las mismas. Si no hubiera ningún impulso, en enero nosotros presentaríamos esa Proposición de Ley para modificar la Ley que regula la Institución.

Y una segunda cuestión -y con esto termino-, de la que usted también se ha quejado en esta intervención y en otras ocasiones, y es su sede. Su sede se queda pequeña, eso lo ve cualquier persona que vaya allí. Si se quiere tener una Figura importante y una institución importante y digna, la... la adecuación física del espacio donde se va a trabajar tiene que ser también digna. Y yo creo que es el momento de buscar una solución a las estrecheces que padece su sede.

Y de esto también hemos hablado otras veces y tampoco se le ha hecho caso. Y yo creo que ahora que se está hablando de cantidades millonarias para hacer una nueva sede de estas Cortes, no pasa nada por habilitar una pequeña cantidad, infinitamente inferior a la que se está hablando para cambiar esta sede, y habilitar un espacio idóneo para el Procurador del Común en León. No sé si es en un edificio de nueva planta, no sé si es mediante la habilitación de otro edificio; eso me da lo mismo, pero yo creo que ustedes tienen que trabajar con unas condiciones confortables de trabajo y con unas condiciones dignas. Yo estuve hace solamente una semana presentando escritos allí, y da una sensación de claustrofobia esa sede, por el espacio que tienen ustedes, que yo sé que a ustedes les parece pequeño, pero a cualquiera que vaya allí le parece también pequeño. Y dignifica la Institución lo primero el tener una sede digna.

Y al hilo de esto -y ya termino-, también le anticipo, ahora que estamos hablando de sedes, que nos gustaría... y aprovecho esta ocasión para, superficialmente, hablar del tema -ya lo hablaremos con más intensidad en otro momento-, aprovecho, ya que estamos hablando de sedes, para decirle que vamos a formular una queja, porque no se está cumpliendo el Estatuto de Autonomía: el Estatuto de Autonomía habla de descentralización administrativa, y para empezar a descentralizar administrativamente, hay que descentralizar los poderes, la ubicación de los poderes de esta Comunidad. Estoy hablando... que nos parece de justicia, y que nos parece dar cumplimiento al Estatuto de Autonomía, por el cual usted tiene que velar, el que haya una desconcentración, descentralización de los órganos de poder. Y ahora que se está hablando de ubicar la sede de las Cortes de Castilla y León en otro lugar que no sea éste, ya le anticipo que le vamos a pedir, aunque sea una decisión política, aunque sea una decisión política, le vamos a mostrar nuestra queja y le vamos a pedir que se cumpla el Estatuto de Autonomía y que se descentralice. Y vamos a proponer que León sea la sede de las Cortes de Castilla y León. Y lo vamos a proponer hoy mismo, porque ésta es la Proposición de Ley que vamos a formular y a presentar en el Registro esta misma mañana. Eso es cumplir el Estatuto de Autonomía; nos parece que en esa función usted también debe de intervenir, aunque sabemos que no es su decisión, que la decisión es una decisión política; y porque nos parece de justicia.

Ya le digo, no es el momento este Pleno. Le formularemos esa queja ante las intenciones de trasladar y centralizar todo en Valladolid por escrito (o incluso a través de la petición de una entrevista, no lo sé, ya veremos a ver); pero sí le anticipo que ahora mismo nuestra principal queja que tenemos sobre el cumplimiento del Estatuto de Autonomía es que en lugar de descentralizar, en lugar de desconcentrar administrativamente los órganos de poder, que es lo más importante, se están centralizando y concentrando todos ellos en la ciudad de Valladolid.

Ya me he pasado de tiempo, ya hablaremos del tema. Pero, en todo caso, y con carácter general: enhorabuena por sus funciones, por su trabajo durante todo ese año; y ojalá que esas dos peticiones que usted hace cada año esta vez sí sea el definitivo y sí se vean atendidas. Desde luego, si en estos meses no se ven atendidas, nosotros lo haríamos o lo pediríamos en el mes de enero. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González, don Jaime.

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ:

Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Procurador. Nuevamente, aquí, en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, para escuchar su Informe anual correspondiente al año noventa y nueve. Ésta es su casa, usted es un Comisionado de esta casa y, por lo tanto... un alto... y, por lo tanto, encantados de escucharle el quinto informe que ya se realiza en materia de su competencia.

A mí me gustaría, me gusta además hacerlo así, porque yo creo que es importante, a veces con todo el fárrago de las cosas, se nos olvida la importancia que tiene la propia Institución en sí. Y la propia Institución en sí, en su Ley fundacional, le define a usted como un alto comisionado, define a la Institución como un alto comisionado de estas Cortes para, nada más ni nada menos, que la protección y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la tutela del ordenamiento jurídico castellano y leonés y la defensa del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Es mucho, señor Procurador; y mucho es el trabajo que usted tiene que hacer, su Institución tiene que hacer; y mucho es el trabajo que realmente hace.

Y, además, para ello -usted se ha corregido durante la marcha de su intervención-, le mandata, le mandata para que supervise la actuación de las Administraciones Regional, entes y organismos de las autoridades y el personal que de ellos dependen o estén afectos a un servicio público, y de los entes locales en las materias que hayan sido transferidas o delegadas por la Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, la tarea es muy importante. Y, además, es importante por otras razones que usted ha insinuado en su intervención, y que yo quiero destacar. Lo decíamos el año pasado: para mucha gente, para muchas personas, para muchas mujeres y hombres de esta Comunidad Autónoma, el Procurador del Común es el último recurso que tienen para que su caso, su problema, encuentre una solución... sobre todo, encuentre a alguien que le escuche y que intente resolver ese problema.

Es más, sabe usted que alguien... y en algunas ocasiones se ha definido al Procurador del Común como el Procurador de los pobres, el Procurador de los esperanzados. Es el último recurso para muchísima gente. Y eso es una tarea que no tiene precio, que es muy difícil reflejarla en un informe de esta naturaleza y que, por lo tanto, tiene un especial valor para nosotros, los socialistas, que apoyamos decididamente y precisamente esa faceta, para nosotros importantísima, que tiene su trabajo.

No sólo eso, además, yo creo que -usted lo ha dicho, además, y es verdad- mantiene una cercanía especial con aquellos colectivos que están especialmente necesitados de esa cercanía y de esa protección. Los discapacitados físicos y psíquicos, los enfermos mentales, los inmigrantes, los colectivos gitanos han sentido cerca a la Institución y le han sentido cerca a usted. Y yo creo que eso es un valor absolutamente inapreciable, que -repito- es difícil reflejarlo en las frías páginas de un informe o en una intervención que tiene que ser larga y exhaustiva, como ha sido la suya.

Por lo tanto, seguimos creyendo que la Institución es fundamental, seguimos creyendo que hay que potenciarla, y de eso hablaremos al final de esta breve intervención.

Usted ha dado algunas cifras estadísticas y a mí me gustaría dar alguna que no ha citado, y que se contiene en el Informe; porque el Informe es la fuente de información que yo tengo. Ya se ha dicho que son once mil quejas; son muchas quejas, muchas: once mil, a lo largo de estos cinco años; y dos mil y pico en el último año.

Pero algún dato que a mí me gustaría precisar. Usted ha hablado de que el 56% -creo recordar- de las resoluciones son favorables a las Administraciones. A mí me gusta decirlo al revés, al revés. El resto no son favorables. Por lo tanto, quiere decir que una de cada dos, prácticamente -porque son paritarias-, una de cada dos de sus resoluciones defiende o considera que el ciudadano que se ha quejado o el colectivo que se ha quejado tiene razón; y eso es muy muy importante. Además, es sintomático de la situación de los administrados frente a las Administraciones en general, frente a las Administraciones en general, de todo tipo, de toda naturaleza y de todo color.

Y ha hablado de trescientas cuarenta y cinco resoluciones, de las cuales -y esa cuestión es importante a nuestro juicio, porque engrana con esa modificación de la Ley, de la que después hablaremos brevemente- el 56% de esas trescientas cuarenta y cinco resoluciones han recibido comunicado de aceptación por parte de las Administraciones, un 10% han recibido comunicado de rechazo; pero hay un 34%, ciento diecinueve exactamente, que no se sabe, no se contesta, con independencia de que sea obligatorio o no hacerlo. Y ése es un dato preocupante, a nosotros por lo menos nos preocupa. Y nos preocupa también que -como usted reconoce en su Informe- han determinado por un procedimiento que yo creo que no es nada fácil que el 74% de las Administraciones apoyan la tarea del Procurador del Común. Hay un 26%, por lo tanto, que no es así. Y ese 26% es mucho, es uno de cada cuatro; es que uno de cada cuatro expedientes no reciben la colaboración de las Administraciones que son objeto de la queja. Lo cual pone al Procurador, en muchos casos, en una situación difícil.

La suma de ambas cosas, la suma de la ausencia de aceptación expresa o del "no se sabe, no contesta" por parte de las Administraciones, más el 26% de Administraciones que no han remitido documentación, etcétera, al Procurador del Común, configuran una situación preocupante.

Y a mí me gustaría, señor Procurador, que en próximos informes se hiciera un análisis de cuáles son los casos en los que esa ayuda no llega, esa colaboración no existe, o en cuáles el "no se sabe, no contesta" es la forma de actuación. Porque, a lo mejor, si examinamos la índole y la naturaleza de esos expedientes, resulta que la importancia que tiene esa... esa falta de ayuda o de colaboración es mucho más importante y mucho más significativa que un 24 o un 34%.

Por lo tanto, yo creo que ésa es una parte de los informes que debemos completar, porque debemos conocer eso, llamémosla auditoría, llamemos como queramos. Pero debemos conocer cuál es esa situación en el futuro.

Y hay otro asunto que a mí me parece curioso, y yo creo que debería estudiarse, porque yo creo que tiene importancia, porque está relacionado con las mujeres y con los hombres, y con su situación en la sociedad.

Parece ser -según su Informe- que nos quejamos más los hombres de lo que se quejan las mujeres. Pero hay tres casos concretos, en tres territorios concretos, en tres provincias de la Comunidad, que esa situación se invierte de una manera notabilísima: en Salamanca, el 50% de las quejas están realizadas por mujeres, y sólo el 27% por los hombres; en Soria, el 67% de las quejas son mujeres y el 28% hombres; y en Zamora, el 61% son quejas de mujeres y el 23% de hombres. En un contexto general de mayor queja de hombres que de mujeres, sorprende que haya tres lugares concretos donde esa situación se invierte radicalmente y es absolutamente diferente. Y, posiblemente, mereciera, mereciera un estudio de la naturaleza de las quejas, de por qué y .....

Yo creo que ésa es una cuestión interesante, que a lo mejor lo tiene que hacer usted o lo tienen que hacer las Administraciones, o lo tenemos que hacer, incluso, los Grupos Políticos, en un examen de por qué eso es así.

Se mantienen, se mantienen los desequilibrios territoriales. Hay provincias donde las quejas por diez mil habitantes llegan a cinco, y en cambio hay otras en que pasan de doce. Por lo tanto, yo creo que ese desequilibrio territorial se mantiene.

Y yo he observado en su Informe que ha adoptado una nueva... a mí me parece nueva... -no había destacado tanto en otras ocasiones- una nueva línea de actuación de oficio en aquellos asuntos que están ligados con la actualidad social de la Comunidad Autónoma. Y yo creo que eso es muy importante también. El Procurador del Común debe estar ligado a la actualidad social, porque la actualidad social manda en la gente, la gente vive, en muchos casos, esa actualidad y la sufre. Y, por lo tanto, yo creo que eso es muy importante.

Y su actuación, que ha dicho... ha reflejado hace poco tiempo, en materia, por ejemplo, de una situación que está provocando conflictos en la Comunidad, y es la existencia de un impulso excesivo y absolutamente agobiante, por parte de las compañías telefónicas de comunicaciones, de instalación de antenas en los núcleos urbanos; con lo que las dudas que eso conlleva sobre muchas cuestiones, desde su peligrosidad a otras, a nosotros nos parece interesante.

Lo mismo que nos parece interesante que usted investigue por qué... no por qué, la seguridad de las barcas que circulan por el Canal de Castilla, y si su seguridad es consecuencia de las barcas o del tripulante. Nos parece bien también.

Y por último, señor Procurador, nos parece interesante, por último, de esta parte, nos parece interesante que entre usted en el asunto de la Audiencia Provincial de Salamanca en relación con la custodia de un niño y los litigios entre la madre biológica y la familia que tiene o que lleva durante quince meses acogiendo a ese niño. Es... nos parece absolutamente esencial que en esa materia entre.

Hemos leído con detenimiento, también, la... el recorrido sectorial de su Informe. Señor Procurador, usted lo ha hecho exhaustivo; no vamos a entrar. Nosotros creemos que las materias que los ciudadanos plantean ante el Procurador son materias que le afectan directamente, y muy directamente, además. Materias como la vivienda, la educación, el patrimonio, los mayores, los problemas de los discapacitados, la transitabilidad de las vías urbanas, las residencias. Y ahí usted, en su Informe, es elevadamente crítico con las Administraciones en sus respectivas competencias. Y, en algunas ocasiones, muy duro, además, con las... con esas Administraciones.

Y, por lo tanto, usted ha hecho un relato pormenorizado de todo ello, y yo creo que sería superfluo que nosotros volviéramos a entrar en lo mismo. Y, además, se podría interpretar como que nosotros utilizamos esta intervención para criticar a una u otra Administraciones. No. Todas las Administraciones, especialmente aquellas que más competencias tienen y que más ámbitos trabajan, son duramente criticados en su Informe de manera muy notable. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto no vamos a entrar de manera pormenorizada.

Pero sí nos gustaría hacer dos consideraciones, porque son cinco años, porque son cinco informes, y que, por lo tanto, eso nos permite hacer una película o un análisis de cuál es la historia de las quejas.

Las quejas se reiteran, señor Procurador. Las quejas se reiteran en los objetos de las quejas: siempre es la vivienda, siempre es... hay algunas nuevas: el gas, etcétera, que son más notables que otros años, por su peligrosidad y por los accidentes habidos. Pero... los colectivos, las residencias de ancianos, la ausencia de servicios psiquiátricos, la vivienda, la calidad de esa vivienda, la dificultad de acceso de colectivos con rentas bajas a viviendas de promoción pública, la calidad de las viviendas de protección oficial y de promoción pública... Eso son quejas permanentes; presentadas de manera individual, pero que se resuelven de manera colectiva, porque son las Administraciones, dictando normas de carácter general, quienes tendrían que resolver esos problemas y evitar que en el futuro hubiera quejas de carácter individual, porque, generalmente, si hubiera... de manera general, se hubiera resuelto el problema.

Que no... La reiteración en las quejas, la reiteración en los temas, me hace poner muy en duda, muy en duda, que, con independencia de las comunicaciones de aceptación que se producen en las quejas individuales, eso dé origen a la normativa general, que, resolviendo el problema en su conjunto, evitara que en el futuro hubiera quejas sobre esas materias. Y yo creo que, siendo eso así, no se trata tanto de resolver -que también- una queja individual como que adoptar las medidas oportunas para que las quejas individuales en materias reiteradas no se sigan produciendo. Y yo creo que, en esa materia, evidentemente, no se consigue el objetivo de evitar que, a lo largo... o después de un período de tiempo razonable, las quejas en determinada materia fueran desapareciendo porque las Administraciones adoptan las normas generales que lo necesitan.

Y yo he estado haciendo un análisis de los adjetivos que ustedes en su Informe emplean con más asiduidad a la hora de definir el trabajo de las Administraciones frente a los que se quejan, que son una minoría, porque -sin duda- se podrían quejar muchos más por los mismos motivos.

Y usted... Es curioso, da la impresión de que usted hace un esfuerzo, su equipo, el que haya redactado el Informe, la gente, hace un esfuerzo para no caer siempre en la misma definición, en la misma palabra, para no sobrecargar, tal vez, el Informe. Pero las palabras "inactividad", "retrasos", "incumplimientos", "demora", "reticencias", "pasividad", "falta de diligencia", "lentitud", "remisión", etcétera, son habituales, reiteradas y reiterativas en su informe, en todas las Administraciones. Y eso, referido a asuntos como los que hemos citado: vivienda, mayores, enfermos, etcétera, es grave e indican que la situación en las Administraciones en general es una situación preocupante. Y, además, indica otra cosa: que su capacidad es limitada, que la ley en estos momentos tiene limitaciones, y limitaciones en contra del Procurador del Común y su actuación.

Y, por lo tanto, nosotros, después de cinco años, que yo creo que es un plazo de tiempo razonable... y cuando se hacen leyes hay que hacerlas con la sensatez, serenidad, tiempo suficiente, para no tener que volverlas a modificar con carácter inmediato. Luego, pasado este tiempo -que no significa que no hayamos querido reformar la Ley antes, sino que nos hemos concedido un tiempo razonable para evaluar cuáles son los inconvenientes que tenía la propia Ley-, nosotros creemos, sinceramente, que llega el momento de proceder, por los Grupos Políticos de esta Cámara, a introducir los elementos necesarios para modificar esa Ley.

Y tampoco vamos a decir que estamos de acuerdo con todo lo que usted, en sus reiteradas peticiones propone, porque hay cosas en las que estamos rigurosamente de acuerdo y, en cambio, otras cosas en las que estamos no tan rigurosamente en desacuerdo, pero por lo menos nos parecen debatibles y cuestionables. Y yo creo que no vamos a aceptar, porque además no es su función... Usted no tiene la función, ni su Institución, de legislar. Puede hacer indicaciones, puede hacer... y las hace, y nos parece muy bien. Pero, desde luego, la función legislativa corresponde a este Parlamento, y estoy seguro, además, que la vamos a asumir todos con plenitud en los próximos días y semanas, para tratar de resolverlo.

Y yo creo, sinceramente, que, en primer lugar, estamos totalmente de acuerdo en la ampliación del ámbito de actuación del Procurador del Común a los entes locales, y hoy parece eso una necesidad innegable. Los términos en los que ha sido redactado el Artículo 14 del nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad posibilitan esa ampliación. La atribución al Procurador del Común de la supervisión de las actuaciones de los Entes Locales con respecto a los ámbitos competenciales de la Comunidad Autónoma acercaría la Institución tanto a los órganos cuya actuación ha de supervisar como a los ciudadanos, que son los titulares de los derechos fundamentales, para cuya defensa corresponde a este Comisionado Parlamentario. Por lo tanto, estamos de acuerdo en esa parte de su razonamiento.

Usted hace alguna otra propuesta, dirigida a evitar la instrumentalización política de la Institución. Para ello, proponía introducir, por ejemplo, la prohibición de que las autoridades puedan presentar quejas en los asuntos de su competencia. Seguramente todos estaremos de acuerdo en evitar esa instrumentalización, usted el primero (y lo ha demostrado a lo largo de estos años). Y, sin embargo, el establecimiento de límites, que puede... no puede servir en ningún caso para evitar incómodas actuaciones ante quien gobierne en cada momento. Y yo creo que el procedimiento para la elección del Procurador del Común, las mayorías cualificadas requeridas para ello permiten considerar -y así es- al Procurador del Común como una figura imparcial y desvinculada de intereses políticos partidistas. Por ello, no debe existir -a nuestro juicio- temor alguno en su instrumentalización, ya que ésta es difícil que pueda producirse; y, de hecho, en los últimos años, en los años que lleva la Institución, yo creo que no se ha producido en ningún caso.

Un tercer grupo de reformas es absolutamente imprescindible. Es evidente que la existencia de plazos para que las Administraciones Públicas informen al Procurador del Común sobre los hechos objeto de denuncia, tal y como se prevé en el Defensor del Pueblo y para órganos equivalentes de otras Comunidades Autónomas, o la existencia de la obligación por parte de la Administración de contestar a las advertencias y resoluciones, recomendaciones o sugerencias realizadas por el Procurador del Común son carencias del actual texto que conviene solventar a la máxima rapidez posible.

Y la regulación actual está demostrando no dar suficientes instrumentos de actuación a la Institución. Para ello son necesarias las modificaciones señaladas junto a... con otras que cabría estudiar, encaminadas a establecer mecanismos sancionadores y de compulsión, frente a las actuaciones que supusieran el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley.

Por último, junto con diversas reformas de carácter técnico, de las que la Ley parece necesitada, usted propone, en su momento, una serie de reformas destinadas a definir mejor las actuaciones encaminadas a la defensa del Estatuto de Autonomía y del ordenamiento jurídico regional. La Ley, en su actual redacción, olvida que existe un conjunto de normas estatales, de aplicación directa por los órganos de la Administración Regional, cuya aplicación efectiva debe ser también objeto de control por parte del Procurador del Común.

Y, desde luego -como última consideración-, existe otra que a nuestro juicio tiene relevancia: en los casos en los que se aprecie una reiterada y grave inaplicación del ordenamiento jurídico, deberá comunicarlo usted al Presidente de las Cortes para que éste, tras consultar a la Junta de Portavoces, pueda trasladar la queja a donde corresponda. A nosotros nos parece excesivo que usted tenga que pasar todos esos trámites. Primero, nos parece excesivo que la... incumplimiento de la Ley sea "reiterada y grave"; bastaría con que fuera incumplimiento. Y, en segundo lugar, no entendemos muy bien por qué esa función no la puede asumir tu... usted, directamente, como Alto Comisionado de este Parlamento, y que para ello tiene las facultades que este Parlamento le ha concedido.

Por lo tanto -señor Presidente, acabo-, señor Procurador, nuevamente agradecerle su exposición; reiterarle el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista en la Institución; garantizarle que, por nosotros, en el plazo más breve posible -y estoy seguro que el Grupo Popular y todos los demás Grupos de la Cámara están de acuerdo con ello-, crearemos, o trataremos de crear una ponencia, dentro de la Comisión de Relaciones con el Procurador, que, en el plazo más breve posible de tiempo, consensue una reforma de la Ley en ese sentido o en aquel en el que la mayoría de las fuerzas políticas de esta Cámara lo estimen conveniente y necesario. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Por último, tiene la palabra el señor Herrera, don Juan Vicente, como Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

EL SEÑOR HERRERA CAMPO:

Muchas gracias, señor Presidente. Sean mis primeras palabras, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para agradecer al señor Procurador del Común su presencia esta mañana en el Pleno de las Cortes para exponernos un amplio resumen de las actividades desarrolladas por la Institución a lo largo del año mil novecientos noventa y nueve, en un formato que, tanto por el tipo de Pleno como por el hecho mismo de la reproducción literal ya, en cinco fascículos; quizá sería algo en lo que hemos insistido también en anteriores comparecencias, deberíamos reflexionar para hacerlo más accesible, en la medida en que yo creo que en esos cinco fascículos y en el esfuerzo de conclusiones y en la síntesis de exposición ante este Pleno se plantean numerosas aportaciones, tremendamente positivas y tremendamente constructivas, que quizá puedan pasar desapercibidas los restantes trescientos sesenta y cuatro días del año y que podrían ser, por el contrario, objeto de una mayor reflexión y de una mayor aportación a novedades concretas, dentro de lo que es la labor tuitiva, la labor de sugerencia, la labor de mejora constante del comportamiento de las Administraciones Públicas frente a los ciudadanos soberanos.

Mi agradecimiento quiero hacerlo también -¿cómo no?- extensivo a todo el equipo de trabajo de la Institución, hoy también representado en el palco de este hemiciclo.

Quiero trasladarle, en primer lugar, la satisfacción del Grupo por la reiterada declaración de voluntad de mantener su pulso, de mantener su independencia -circunstancia esta que, sin duda, consta en la configuración de características de la Institución en su Ley-, pero también porque nos ha manifestado su ilusión por este nuevo periodo de cinco años; circunstancia esta que no consta en la Ley pero que yo considero fundamental para continuar desarrollando su tarea, con nuevas áreas de trabajo, y también con una comprensión cada vez más práctica de lo que es la plural realidad incluso en el mapa geográfico de nuestra Comunidad, que ha determinado una novedad a la que usted ha hecho referencia y por la que le queremos también felicitar, y es la atención al ciudadano en capitales que no son exclusivamente las capitales de la provincia, sino que ya en este último ejercicio se ha extendido a ciudades tan importantes como Ponferrada o como Miranda.

Por lo demás, y por lo que se refiere a la estadística que nos aporta en sus conclusiones, de ella nosotros derivamos un comportamiento normalizado de la Institución -ya lo señalábamos en relación al Informe del año anterior- tanto en el número de quejas presentadas como en el de las quejas que han terminado con un rechazo o con una estimación por parte de la Institución.

Nos satisface también, y tenemos que significarlo aun cuando no es totalmente significativo, el número y los porcentajes de resoluciones que son favorables a la Administración y que son favorables a los interesados, a los ciudadanos.

Y, sobre todo, nos satisface que se mantiene -y yo creo que también sobre eso hay en los distintos sectores a los que se ha extendido la labor del Procurador del Común- el grado de colaboración de las Administraciones Públicas con la labor y con la función del Procurador, que usted sitúa en el porcentaje -que yo creo que es un porcentaje relevante, que es un porcentaje positivo- del 74%, con referencias específicas al alto grado de colaboración manifestado, por ejemplo, en sectores tan importantes para los intereses de los ciudadanos como es el referente a las administraciones sanitarias o a las administraciones educativas, en cuyas conclusiones, usted, específicamente, hace referencia al alto grado de colaboración encontrado en esas áreas específicas.

Se ha extendido usted en su exposición -y, además, es una muestra de un trabajo no puramente reglamentario pero que nosotros entendemos que viene a enriquecer tremendamente su aportación a la mejora del trabajo de las Administraciones Públicas en esta Comunidad Autónoma- a lo que han sido sus actuaciones de oficio. Cierto es que esas actuaciones de oficio se han... de alguna manera, no limitado, pero sí fundamentalmente dirigido a las cuestiones que ya podemos considerar como cuestiones clásicas en la preocupación y en la labor de sensibilización que el Procurador del Común realiza, aquéllas que hacen referencia a las relaciones entre los ciudadanos y la propia Administración, con una preocupación reiterada en los distintos sectores en las materias relativas al silencio administrativo y al acceso de los ciudadanos a la información, con una preocupación por lo que son retrasos y demoras injustificadas por parte de las Administraciones Públicas.

Una atención específica también, siempre, a los colectivos más desprotegidos, como por ejemplo, en materia reiterada, relación a los enfermos mentales, en cuyas conclusiones hace usted referencia también -y yo quiero aquí destacarlo- a cómo esa reiteración en su preocupación ha venido a determinar una mayor labor por parte de las Administraciones Públicas y una mejora, por tanto, de la situación de los enfermos mentales. La integración de la población gitana.

Algunas cuestiones que redundan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León, en relación fundamentalmente con las agresiones acústicas y también con las... con el tema nunca definitivamente resuelto y que también usted plantea en áreas concretas como por ejemplo en materia del derecho a la educación y de la educación no universitaria en relación a las barreras arquitectónicas.

Y, en definitiva, todo lo que se refiere al impulso de las tareas administrativas, que en muchos casos son tareas enojosas, pero que son fundamentales, de control, de inspección y también de sanción.

No voy a hacer un examen pormenorizado de... a los sectores -yo creo que... usted lo ha realizado; yo creo que queda perfectamente en esas conclusiones-, pero sí me gustaría hacer algunas aportaciones por parte del Grupo Parlamentario Popular acerca de cuestiones en las que fundamentalmente han insistido el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y también el Portavoz de Izquierda Unida en esta Cámara, señor Herreros.

Es cierto que usted, ya incluso desde el comienzo del trabajo de la propia Institución y, sin duda alguna, a la vista de las dificultades que podría encontrar en la aplicación concreta de las previsiones legales a ese trabajo, ha venido insistiendo en la necesidad de reflexionar y tomar incluso decisiones de carácter normativo acerca de modificaciones concretas en la Ley reguladora del Procurador del Común, la Ley del año mil novecientos noventa y cuatro. Y es cierto también que nosotros, en las acotaciones y comentarios que hacemos a sus Informes, reiteradamente hemos manifestado nuestra voluntad de retomar esas cuestiones.

Pensamos que en el marco de un impulso al desarrollo legislativo en materias institucionales, que queremos impulsar entre todos y sobre el cual el Grupo Parlamentario Popular ha tomado recientemente algunas iniciativas, ése puede ser un marco adecuado en el que se abra precisamente esa reflexión. Y también ha sido apuntado aquí por el señor Herreros y también ha sido apuntado aquí por el señor González -me parece- que el cauce adecuado sería la creación inmediata -que nosotros, desde luego, vamos a apoyar y que nosotros, desde luego, vamos a impulsar- de una ponencia específica en el marco de la Comisión concreta de Relaciones con el Procurador del Común, que, en diálogo constante con la propia Institución y con los técnicos jurídicos de esa Institución, aborde los distintos apartados a los cuales usted... o en los cuales usted ha centrado fundamentalmente sus solicitudes de revisión de la normativa reguladora de la Institución.

Me gustaría, al respecto, inclusive, adelantarle cuáles son los criterios del Grupo Parlamentario Popular en relación a esas cuestiones fundamentales.

La primera de ellas hace referencia a la necesidad de establecer, en el marco de la Ley, unos plazos para que se produzcan las actuaciones de las Administraciones, a resultas de las iniciativas adoptadas por la Institución. Si por lo que se refiere a los plazos, al establecimiento de unos plazos para que las Administraciones contesten a sus informes, nosotros estimamos que puede abrirse camino perfectamente lo que ya es el establecimiento de unos plazos razonables, que incluso pretenden o facilitan la modulación de esos plazos en el caso concreto del Defensor del Pueblo, cuando aquellas circunstancias puedan ampliar el establecimiento de un determinado plazo en el caso de los informes que tienen que determinar sus actuaciones y sus conclusiones; quizá no vemos tan razonable, teniendo en cuenta la naturaleza de la Institución -que no es una naturaleza de carácter ejecutivo, sino que es una naturaleza de sugerencias-, el establecimiento final de un plazo a las Administraciones para que hagan una valoración acerca del grado de aceptación o no de las recomendaciones con las que usted suele finalizar sus propias actuaciones.

Vemos, por tanto, la posibilidad de encontrar un acuerdo con sus sugerencias en el establecimiento de un plazo para los informes; pero vemos un poco más dificultoso el establecimiento de un plazo para que las Administraciones hagan referencia, al final, a si aceptan o no el criterio o la recomendación de la Institución.

Por lo que se refiere a la cobertura legal de la actuación de la Institución en relación a las Corporaciones Locales, es verdad que quizá su pretensión no ha sido suficientemente cubierta en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Es verdad también que, tanto por la evolución de la legislación comparada -y nos estamos refiriendo a la solución que se ha dado en la ley ordinaria que regula la Institución paralela en Baleares-, podríamos encontrar determinadas coberturas que en su día encontraron alguna dificultad en la propia jurisprudencia constitucional.

Es cierto, también, que en la práctica, y por la vía del convenio con el Defensor del Pueblo, la Institución está realizando tareas de control de la actividad y del trabajo de las Administraciones Locales, no solamente en aquellas materias que, conforme a lo establecido en la propia ley, son transferidas o delegadas por la Comunidad Autónoma, sino, en general, en todas aquellas que son competencia de la Comunidad Autónoma.

Pero nosotros estamos plenamente abiertos, siempre que no se derive un punto de inseguridad jurídica que pueda determinar algún tipo de recurso por extralimitarnos en las competencias de la figura autonómica, a considerar una solución parecida a la que ya se ha dado a la figura paralela -como he indicado anteriormente- en las Islas Baleares.

Y, finalmente, por lo que se refiere a una de las tareas que yo creo que le incomoda un poco a la Institución, en la medida en que sí que puede ofrecer, pues, un cariz de mayor enfrentamiento político o una mayor instrumentalización de la Institución, como es la que se refiere a esa faceta, que está consagrada en el Estatuto y que, por lo tanto, obliga a realizar actividades a la Institución, que es la de la defensa del ordenamiento jurídico, y concretamente del Estatuto de Autonomía, nosotros estamos en la mejor vía para considerar qué se puede modificar en la ley reguladora, porque, manteniendo esa obligación en la medida en que la mantiene el Estatuto, sí queremos evitar que la Institución se sienta incómoda en virtud de esta cuestión.

Por cierto, tarea de defensa del Estatuto de Autonomía y del ordenamiento jurídico que -quiero recordar a algún otro Procurador que me ha precedido en el uso de la palabra- dentro del cual se encuentra también -y, por tanto, usted está obligado a defender- una ley que forma parte de ese ordenamiento jurídico, que es la Ley de Sedes de la Comunidad Autónoma, aprobada soberanamente por estas Cortes de Castilla y León.

Esto es, en resumen, lo que nosotros queremos transmitirle:

Desde luego, una valoración positiva de la labor que viene realizando. Entendemos que -como usted mismo indica en sus conclusiones- el trabajo persistente, su sensibilidad en algunas de esas cuestiones, ha determinado una mejora sustancial en el estado de esas cuestiones que afectan a colectivos como los enfermos mentales -y usted lo dice en relación a la aplicación del Plan Sociosanitario que puso en marcha la Junta de Castilla y León-, que es una cuestión práctica, una cuestión concreta, en la cual la actividad redunda, la actividad de la Institución redunda en mejoras sociales evidentes.

Y la disposición plena del Grupo Parlamentario Popular a, en el marco del impulso institucional que vamos a dar en esta Cámara al desarrollo estatutario y también a la modificación de leyes, sobre todo cuando la Institución la viene reclamando, nuestra mejor disposición para poner manos a la obra de forma inmediata, atendiendo a sus sugerencias, debatiéndolas y, en su caso, llegando a acuerdos consensuados, los mismos que permitieron la aprobación de la Ley, para la modificación de la misma. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, Señoría. Si el Procurador del Común desea matizar o contestar a algunas de las cuestiones planteadas por los Portavoces intervinientes, puede hacerlo. Tiene la palabra.

EL SEÑOR PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ):

Muy brevemente, Señorías. Sobre todo para dar las gracias a quienes han intervenido por la comprensión y el apoyo que han prestado en sus intervenciones a lo que hemos hecho en la Institución, a la Institución en cuanto a tal y a mí mismo como titular de la misma.

Agradecer también la buena disposición de todos para empezar a debatir la posibilidad de reformar la Ley del Procurador del Común, acerca de lo cual ya tienen muchas de nuestras consideraciones. Pero acepto, por supuesto, y agradezco la invitación que, al parecer, se me va a hacer para comparecer personalmente en la Comisión para las Relaciones con el Procurador del Común y aclarar con ello cuantas dudas puedan tener los Ponentes.

Si acaso, alguna matización en algunas de las observaciones que se han hecho. Agradezco al señor Rad la referencia que ha hecho al elevado número de quejas. Pero, señor Rad, el número de ciudadanos que están detrás de esas quejas es aún muy superior, ¿no?, porque detrás de algunas de esas quejas hay cientos, e incluso miles de ciudadanos, en algún supuesto concreto.

Quiero decirle que el apoyo, interpretado en ese sentido, es muy superior al del número de quejas. Lo que pasa que no vamos a contabilizar -claro está- una queja por firma o por ciudadano que esté detrás, ¿no? Lo mismo sucede con quejas presentadas por colectivos, que son muy numerosas.

Por supuesto que seguiré especialmente vigilante en la defensa de los derechos de los colectivos marginados a los que usted aludía. Ya se lo decía que, sin ir más allá, el próximo lunes aquí mismo vuelvo a tener una reunión con representantes de la etnia gitana de toda Castilla y León, ¿no?, lo que hago -como saben- regularmente. Y créame que no son reuniones fáciles, si, sobre todo, se pretende conseguir resultados positivos.

Al señor Herreros, también agradecerle su intervención y su apoyo, como al señor Otero, ¿no?

En cuanto a la intervención del señor González, quiero decirle que, matizando esa aceptación del 56%, que es así, de las Administraciones que apoyan, que colaboran, alguna de las... de las actuaciones de la Administración que consideramos nosotros correcta, sin embargo, se ha visto matizada en el sentido de que el Procurador del Común se ha dirigido a la Administración correspondiente, sugiriendo respetuosamente, en la medida de lo posible, un cambio en la normativa. Así que una cosa es que, efectivamente, la mayor parte de las veces, el 56%, las Administraciones actúen correctamente de acuerdo con la normativa; y otra que, en ocasiones, yo estime que esa normativa debiera ser, a estas alturas ya, en ocasiones que son excepcionales, modificada.

En cuanto al 74%, no es que haya el 74% de las Administraciones que apoyan y otras que no, ¿no? Porque hay Administraciones que muchas veces responden y en algunos supuestos no. Por eso le decía que es muy difícil hacer un porcentaje y un cálculo exacto, ¿no? Son cálculos aproximados y admito que fácilmente, incluso, criticables. Hay Administraciones con una gran colaboración, que, sin, embargo, en determinados aspectos, no prestan o no envían la... determinados asuntos la información que se pide, ¿no? Incluso hay supuestos en los que esa información pide, después, haber cerrado nosotros el expediente, tras haber esperado un plazo más que prudencial, ¿no?

Le agradezco también el apoyo a la reforma de la Ley.

Y esas actuaciones que señalaba, claro está, señor González, serán objeto de informe el próximo año; lo relativo a eso que está tan en la sociedad, la telefonía móvil. Incluso las barcas... las barcas del Canal de Castilla, que -claro está- no están siendo inspeccionadas por el Procurador del Común en cuanto a su capacidad de navegación, sino que me he dirigido a la Confederación para ver en qué medida se está cumpliendo la normativa, que es una cosa muy distinta.

Y por supuesto que estoy siguiendo muy de cerca, y no desde hace unos días, el asunto espinosísimo y doloroso, ¿no?, del niño que está ahora en acogimiento. No es de ahora. Ya hace más de un año que se dirigieron a mí sus familiares -año y pico-, con los que he mantenido entrevistas, que -créame, lo comprenderán fácilmente- no son sencillas, ¿no? Y también se han dirigido al Procurador del Común los padres que tienen a la niña en acogimiento.

Entonces, gustoso acepto ese reto y lo estudio también, sin olvidar que, por supuesto, es un tema en el que la capacidad de intervención mía es muy limitada, sobre todo una vez que ha intervenido el Poder Judicial. Pero tenga la seguridad, sí, de que lo estoy siguiendo, lo estamos estudiando. Y seguimos en contacto. Todavía ayer hablaba con ellos, con una y otra parte, ¿no?, que, al parecer, forman parte de ese sector del común que confía también en la Institución, ¿no?

No es, pues, un deseo de figurar o de protagonismo el que me lleva, sino el de... Aunque reconozco que a veces tengo cierta tendencia a hacerme cargo de los temas especialmente difíciles (pero es, sobre todo, porque se han dirigido a mí).

Agradezco también a don Juan Vicente Herrera, el Portavoz del Grupo Popular, del Grupo Mayoritario, el apoyo y sus palabras... sus palabras de apoyo tanto a la Institución como a la eventual reforma de la Ley.

Respetuosamente quiero decirle que no sólo la Ley de Baleares -que, por cierto, no ha entrado en funcionamiento-, sino también la recientísima Ley navarra, que crea una figura similar a la del Procurador del Común, y, por supuesto, la Ley canaria y la reforma del Estatuto canario, la reforma de la Ley gallega, o la redacción que desde un primer momento -por citarle algunas- tiene la Ley que regula la figura del Ararteko en el País Vasco.

Finalizo no sin observar que el departamento de la defensa y tutela, que tanto me preocupa, ¿no?, en cuanto que todavía no hemos sido capaces de delimitar con claridad sus contornos, me temo que, sin duda, tiene que verse afectado por la entrada en funcionamiento del Consejo Consultivo.

Y nada más, Señorías. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

¿Algún Portavoz desea intervenir en turno de réplica? Si no es así, muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las trece horas veinticinco minutos.)